Entre las líneas de acción propuestas por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 destaca la implementación “de programas de promoción y desarrollo sostenible de la aviación civil dominicana, acorde con la dinámica de los mercados”.

En coherencia total con este planteamiento, la aviación civil se ha transformado en uno de los sectores económicos que mayor desarrollo y avances ha experimentado en la República Dominicana. Como principal medio de transporte para la llegada al país, se ha erigido en un pilar fundamental para la expansión y crecimiento del turismo, que a su vez significa la mayor fuente de ingresos de divisas frescas para la economía nacional.

Sin lugar a dudas, el desarrollo alcanzado por el sector de la aviación civil en el país ha sido el resultado de años de esfuerzos que han permitido cimentar una sólida base institucional para enfrentar el futuro del transporte aéreo en el mundo, que según las proyecciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre el movimiento de pasajeros para los próximos 20 años, para 2036, 7,800 millones de pasajeros se desplazarán por vía aérea a nivel mundial.

Introducción

Debido al significativo crecimiento de la aviación civil en República Dominicana y la dinámica interacción con los otros Estados de la región del Caribe, el país se ha convertido en un modelo de progreso de un Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID). Según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, durante el 2018 ingresaron al país por vía aérea 6,568,888 turistas, unos 381,346 viajeros adicionales con respecto al año 2017, para un crecimiento interanual de 6.2%1.

Precisamente, debido a su importancia estratégica, la aviación civil dominicana ha logrado pasar en las últimas dos décadas de un cierto estancamiento a un auténtico despegue que puede ser analizado desde múltiples aristas.

En primer lugar, habría que entender lo que ha significado ese despegue en términos de fortalecimiento institucional, a partir de la aprobación de un marco jurídico actualizado y adecuado a las especificidades del país, tomando como base las normas internacionales aprobadas y promovidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En segundo lugar, ha de tomarse en cuenta lo que ha representado en términos recaudatorios, con el ingreso de mayores recursos que, según establece la Ley de Aviación Civil de la República Dominicana Nro. 491-06, están destinados a ser reinvertidos en el desarrollo del propio sector. Por último, y no menos importante, es necesario prestar atención a lo que ese avance y progreso ha simbolizado en el incremento del prestigio de la aviación civil dominicana a nivel internacional, que ha pasado, como ha expresado el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), doctor Alejandro Herrera Rodríguez, de ser un país requirente de cooperación y apoyo externo a convertirse en una nación proveedora de asistencia y colaboración.

La aviación civil constituye, por muchas razones, uno de los sectores económicos que mayor desarrollo y avances ha experimentado en la República Dominicana. Representa, en su calidad de principal medio de transporte para la llegada al país, un pilar fundamental para la expansión y crecimiento del turismo, que a su vez significa la mayor fuente de ingresos de divisas frescas para la economía nacional.

Debido al significativo crecimiento de la aviación civil en el país y la dinámica interacción con los otros Estados de la región del Caribe, la República Dominicana se ha convertido en un modelo de progreso de un Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID).

Según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, durante el 2018 ingresaron al país por vía aérea 6,568,888 turistas, unos 381,346 viajeros adicionales con respecto al año 2017, para un crecimiento interanual de 6.2%2.

Precisamente, debido a su importancia estratégica, la aviación civil dominicana ha logrado pasar en las últimas dos décadas de un cierto estancamiento a un auténtico despegue que puede ser analizado desde múltiples aristas.

En primer lugar, habría que entender lo que ha significado ese despegue en términos de fortalecimiento institucional, a partir de la aprobación de un marco jurídico actualizado y adecuado a las especificidades del país, tomando como base las normas internacionales aprobadas y promovidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En segundo lugar, ha de tomarse en cuenta lo que ha representado en términos recaudatorios, con el ingreso de mayores recursos que, según establece la Ley de Aviación Civil de la República Dominicana Nro. 491-06, están destinados a ser reinvertidos en el desarrollo del propio sector.

Por último, y no menos importante, es necesario prestar atención a lo que ese avance y progreso ha simbolizado en el incremento del prestigio de la aviación civil dominicana a nivel internacional, que ha pasado, como ha expresado el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), doctor Alejandro Herrera Rodríguez, de ser un país requirente de cooperación y apoyo externo a convertirse en una nación proveedora de asistencia y colaboración.

Para entender el arduo camino recorrido por la aviación civil en la República Dominicana, habría que remontarse a las primeras décadas del siglo pasado, con el visionario sueño del precursor de la aeronáutica en el país, el ingeniero vegano Zoilo Hermógenes García, y el original diseño y la construcción de su Poliplano3.

La primera legislación en sentar los principios de organización de la aviación civil en el país, la Ley Nro. 14 22 de Navegación Aérea Civil sobre el Territorio de la República y sus Aguas Territoriales, fue promulgada en el mes de diciembre de 1937.

En aquellos momentos, el principal interés del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina era el desarrollo de la aviación militar a fin de afianzar su poderío bélico en la región. La aviación civil era contemplada por Trujillo como un mero instrumento para solventar sus intereses privados, en una cuenta en la que también habría que apuntarle la creación de la Compañía Dominicana de Aviación, que, en sus orígenes y hasta la muerte del sátrapa, no era más que una de las tantas empresas vinculadas a su riqueza descomunal.

No obstante las reservas de Trujillo en cuanto a la aviación civil, en 1944, República Dominicana fue uno de los países signatarios del trascendental Convenio de Chicago, y por tanto es una de las naciones fundadoras de la Organización de Aviación Civil Internacional. Precisamente, la Ley Nro. 1915 sobre Navegación Aérea Civil, promulgada el 28 de enero de 1949, intentó incorporar los principales postulados del Convenio de Chicago, siempre a la luz de los designios de la dictadura trujillista, tan es así, que dejaba la autoridad ulterior sobre los temas de aviación civil en manos de la Secretaría de Guerra, Marina y Aviación, o el Poder Ejecutivo. La modificación del Capítulo II de esta legislación, a través de la Ley Nro. 4119, promulgada el 22 de abril de 1955, dio paso a la creación de la Dirección General de Aviación Civil.

El país se ha convertido en un modelo de progreso de un Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID).

Más tarde, en el año 1969, ya libre de los rezagos dictatoriales, fue aprobada la Ley 505 de Aeronáutica Civil, que sentó las bases para la estructura institucional actual en la República Dominicana, con el funcionamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Junta de Aeronáutica Civil, y la clarificación oportuna de las atribuciones correspondientes a cada uno de estos organismos.

Sin embargo, el desarrollo acelerado de la aviación civil a escala planetaria y la actualización de las normativas de la OACI demandaban la aprobación de un nuevo marco jurídico en la República Dominicana, más acorde con los tiempos, pues la legislación aeronáutica había quedado casi obsoleta.

En respuesta a esos reclamos, en el 2006, fue promulgada la Ley 491-06, que no sólo se alineaba al pie de la letra con los objetivos estratégicos de la OACI y los principios de seguridad operacional que son auditados periódicamente por la organización, sino que elevaba a la aviación civil dominicana a un nivel de competitividad, que le permitiría asumir los estándares de exigencia y vigilancia requeridos para que las aeronaves de matrícula dominicana pudieran volver a ingresar libremente a territorio de Estados Unidos, mediante la recuperación, en el 2007, de la Categoría I que otorga la Federal Aviation Administration (FAA), y que se perdido catorce años atrás.

Esa legislación también selló la configuración institucional del sector aeronáutico, con el funcionamiento de dos órganos rectores: por un lado, instruyó la creación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) –antes Dirección General de Aeronáutica Civil-, y por el otro, reconvirtió la Junta de Aeronáutica Civil en la Junta de Aviación Civil.

Las funciones y atribuciones de ambas entidades fueron claramente delimitadas, permitiéndoles funcionar independientemente una de la otra, pero con una estrecha interrelación institucional, que en gran parte ha permitido el desarrollo integral del sector aeronáutico en el país. Como toda norma es perfectible en su concepción y en su aplicación, tras varios años de estar siendo implementada, con la experiencia acumulada en el sector, se hizo necesario modificar la legislación, lo cual se llevó a cabo con la Ley Nro. 67-13, del 25 de abril del 2013.

Con esa modificación se liberalizó aún más el mercado de la aviación, fomentando un mercado libre y competitivo y se firmaron acuerdos de servicios aéreos con más de 60 países. Además, se incrementó la capacidad de los funcionarios públicos para prestar mejores servicios; continuó la modernización de los aeropuertos internacionales y del sistema de navegación aérea; y se desarrolló el Plan de Acción para la Mitigación de las emisiones de CO2 en el sector de la aviación, con objetivos y propuestas específicos; entre otras medidas.

En la actualidad, la República Dominicana se precia de disponer de unas normativas de aviación civil más modernas, cónsonas con las tendencias predominantes a nivel mundial, sobre todo, en cuanto a la flexibilización de las reglas para la inversión extranjera en aerolíneas nacionales, lo que, por demás, facilita el acceso a nuevas rutas y mercados.

El mercado del transporte aéreo en la República Dominicana ha crecido constantemente por un promedio de 5.52% anual durante los últimos 20 años, lo que lo convierte en uno de los más grandes del mercado de transporte entre los países del Caribe. En 2018, 60 aerolíneas ofrecieron vuelos regulares a la República Dominicana, con diez de ellos que representan el 64% de la cuota de mercado.

La República Dominicana fue uno de los Estados miembros signatarios de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional en el año 1944.

Según el reporte “El impacto de las reformas de aviación en la República Dominicana: un modelo de crecimiento socioeconómico y desarrollo”, presentado en el 2018 por un equipo de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el país, que representa el 0.43% del total de pasajeros en el mundo, clasificó en el lugar 47, basado en los resultados de 2016 en el Índice de conectividad aérea global, un indicador del Banco Mundial que se centra en comprender el papel de la conectividad en el crecimiento económico y desarrollo”.

En cuanto a los ingresos, el Instituto Dominicano de Aviación Civil percibió, durante el año 2017, un valor de RD$3,832,020,856.00, una cifra muy por encima de años anteriores, garantizando la autonomía presupuestaria que tanto se había reclamado en otras etapas previas en el desarrollo de la aviación civil, y que fue consagrada por la antes mencionada Ley Nro. 491-06.

De esos recursos financieros se realizan transferencias destinadas a entidades y organismos, como el Fondo de Desarrollo Turístico, el Fondo Especial de Infraestructura de Zonas Turísticas, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la Junta de Aviación Civil y la Oficina Nacional de Meteorología.

Un tercer elemento que resulta fundamental en este análisis es la evolución alcanzada también por el sector aeronáutico dominicano en lo que se refiere a calidad en la gestión, certificación y prestigio, no sólo dentro de la administración pública nacional, sino también a nivel internacional, un progreso avalado por los resultados de las auditorías realizadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), órgano rector de este renglón del transporte a nivel planetario.

La República Dominicana fue uno de los Estados miembros signatarios de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional en el año 1944, que dio paso a la fundación de la OACI y, sobre todo a partir del año 1961, con el fin de la Era de Trujillo, la participación dominicana ha sido constante en los cónclaves y sesiones de la Asamblea Trienal de esa organización. Sin embargo, la última década ha marcado un especial despliegue en los vínculos del país con la OACI.

Uno de los primeros hitos en ese despegue fueron los resultados de la Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional del Sistema de Aviación Civil de la República Dominicana, realizada del 13 al 22 de enero de 2009.

Esa auditoría revisó varios elementos críticos, como la existencia de una legislación aeronáutica básica; los reglamentos específicos de explotación; el funcionamiento del sistema estatal de aviación civil y la labor de vigilancia de la seguridad operacional; la calificación e instrucción del personal técnico; la orientación técnica, medios y suministro de información crítica en materia de seguridad operacional; las obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones; las obligaciones de vigilancia y las resoluciones de cuestiones de seguridad.

República Dominicana ha logrado excelentes resultados en el Programa Universal de Auditoría de Supervisión de la Seguridad Operacional de la OACI (USOAP), lo que se reflejó ese año en el 85.98% que obtuvo ese año en la Implementación Efectiva (EI) de las normativas del organismo que rige la aviación civil a escala mundial. Siete años más tarde, una actividad de validación Ex Situ, llevada a cabo por la OACI, aplicando el nuevo enfoque de observación continua para auditar la vigilancia de la seguridad operacional, dejó como resultado que el país reflejaba un 88.14% de cumplimiento de las normas.

La más reciente actividad de validación Ex Situ data del mes de febrero de 2017. El informe resultante reflejó que la República Dominicana tenía el 90.69 % de cumplimiento de las normas con la aplicación eficaz del sistema de vigilancia de la seguridad operacional. Una revisión posterior de los elementos críticos analizados permitió que el nivel de cumplimiento ascendiera al 91.32%, unos resultados realmente superiores, si se toma en cuenta que el promedio global es 66.32%.

Otra muestra de madurez y desarrollo del sistema aeronáutico de la República Dominicana lo constituyó, en el 38 Período de Sesiones de la Asamblea, la elección de la República Dominicana como miembro del Consejo Rector de la OACI para el período 2013-2016, un logro que se acaba de repetir en el 40 Período de Sesiones, que tuvo lugar 24 de septiembre al 4 de octubre de este año.

El mercado del transporte aéreo en la República Dominicana ha crecido constantemente por un promedio de 5.52% anual durante los últimos 20 años.

En la defensa del medio ambiente a nivel global también destaca el liderazgo del sector aeronáutico dominicano, con las activas iniciativas del IDAC para contribuir a la mitigación de las emisiones de CO2 en la aviación civil de la región latinoamericana. Gran relevancia en el nivel alcanzado por la aviación civil dominicano lo tiene la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA), la primera institución de la República Dominicana especializada en la formación y capacitación del personal aeronáutico, que abrió sus puertas a mediados del año 2009.

En noviembre de ese mismo año la ASCA fue adscrita al IDAC como Instituto de Educación Superior y Escuela de Entrenamiento Aeronáutico, y un mes más tarde, la Academia recibió la Membresía de Miembro Pleno TRAINAIR OACI. Dos años después, en mayo del 2011, la ASCA se convirtió en el primer Centro TRAINAIR Plus de América con la Certificación entregada por la OACI, y en el 2012 el centro fue certificado como Miembro Pleno del Programa TRAINAIR PLUS de la OACI.

En los últimos siete años, la ASCA, como Centro Regional de Excelencia TRAINAIR PLUS, ha diseñado más de 100 programas académicos relacionados con las especialidades de aviación certificadas por el programa TRAINAIR, que incluye navegación aérea, seguridad de vuelo y seguridad Administración. Estos programas se ofrecen a proveedores de servicios aéreos, servicios de navegación, operadores de aeronaves y aeropuertos, autoridades de aviación civil y otras empresas del sector de la aviación.

La incidencia de la ASCA en los vínculos de colaboración que el IDAC mantiene con organismos homólogos en las naciones latinoamericanas fue asentada en el 2015 con la certificación que le entregó la OACI como Centro Regional de Excelencia en Instrucción (RTCE), lo que también ha hecho de la Academia una entidad instrumental para la consecución de la iniciativa de la OACI de que “Ningún país se queda atrás”, a fin de facilitar asistencia técnica a todos los países, especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo, para que estén en condiciones de dar cumplimiento a las normativas de la aviación civil internacional.

La Calidad en el centro de todo

Actualmente, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) mantiene y documenta una estructura de procesos que se interrelacionan eficientemente, permitiendo la operatividad de todo su sistema, en el que se integran estándares de gestión de la calidad, normas ambientales de seguridad de la información, entre otros aspectos.

En estos momentos el IDAC se encuentra certificado en las Normas ISO 9001:2015, de Gestión de Calidad; 14001:2015, de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007, de Seguridad y Salud Ocupacional. Asimismo, ha implementado como “Buenas Prácticas” dentro del Sistema Integrado de Gestión, las Normas ISO 27001:2013, de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información e ISO 26001:2010 de Responsabilidad Social. La adopción del Modelo de Gestión de la Calidad Marco Común de Evaluación (CAF por sus siglas en inglés), declarado de aplicación obligatoria en todas las instituciones de la administración pública dominicana, a través del Decreto Nro. 211-10, de una manera extraordinaria ha permitido apreciar los avances de las principales entidades rectoras del sector aeronáutico en la República Dominicana: el Instituto Dominicano de Aviación Civil y la Junta de Aviación Civil.

Resulta significativo que, en un sector tan complejo, ambas instituciones se hayan alzado con el Gran Premio Nacional a la Calidad, que entrega el Ministerio de Administración Pública (MAP). La Junta de Aviación Civil lo obtuvo en el año 2014, y el IDAC lo recibió en el 2016. Como resultado de ese logro a nivel nacional, tanto el IDAC como la JAC pudieron presentar su postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad, y en el mes de noviembre de 2018, en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Antigua, Guatemala, el Instituto Dominicano de Aviación Civil recibió el galardón Gran Premio de Oro de la Excelencia, en la Gestión del Premio Iberoamericano de la Calidad, mientras que la Junta de Aviación Civil alcanzó la Medalla de Plata.

De ninguna manera se puede pasar por alto la trascendencia de estos galardones otorgados a las principales autoridades aeronáuticas de la República Dominicana, que, además, también constituyó un hecho sin precedentes porque nunca antes una institución pública dominicana había alcanzado el Gran Premio Oro en el Premio Iberoamericano de la Calidad, que es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo la denominación Iber Qualitas, coordinado por la Secretaría General Iberoamericana y gestionado por FUNDIBEQ, la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad.

El desarrollo alcanzado por el sector de la aviación civil en el país ha sido el resultado de años de esfuerzos que han permitido cimentar una sólida base institucional para enfrentar el futuro del transporte aéreo en el mundo, que según las proyecciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre el movimiento de pasajeros para los próximos 20 años, para el 2036, 7,800 millones de pasajeros se desplazarán por vía aérea a nivel mundial.

El Estado dominicano ha priorizado dar impulso al progreso del sector de la aviación civil, como parte de su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Con este fin los sucesivos gobiernos han llevado a cabo importantes reformas para cumplir con los estándares internacionales contenidos en el Convenio de Chicago y sus Anexos.

Estas reformas han generado beneficios sustantivos para el turismo, para el propio sector de la aviación y para la economía dominicana en su conjunto. Transformada en un modelo a seguir, ahora la República Dominicana se aboca a lograr un mayor progreso, con nuevos planes de desarrollo que incluyen la evaluación continua de las condiciones de las infraestructuras de los aeropuertos para hacer frente al crecimiento de la demanda por el aumento en la llegada de pasajeros. Asimismo, se estudian las formas de fomentar el crecimiento de las aerolíneas nacionales, a través de la regulación y reformas legales; se prevé la inversión en carreras de aviación civil a nivel universitario y el impulso a la industria aeronáutica y aeroespacial nacional.

Todos estos planes, propuestas y proyectos permiten avizorar un futuro con cielos despejados y muy propicios para la aviación civil dominicana, que le permitan dar respuesta adecuada y un respaldo coherente a cualquier iniciativa de desarrollo integral en el país.

Conclusión

El Estado dominicano ha priorizado dar impulso al progreso del sector de la aviación civil como parte de su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Con este fin los sucesivos gobiernos han llevado a cabo importantes reformas para cumplir con los estándares internacionales contenidos en el Convenio de Chicago y sus Anexos.

Estas reformas han generado beneficios sustantivos para el turismo, para el propio sector de la aviación y para la economía dominicana en su conjunto. Transformada en un modelo a seguir, ahora la República Dominicana se aboca a lograr un mayor progreso, con nuevos planes de desarrollo que incluyen, la evaluación continua de las condiciones de las infraestructuras de los aeropuertos para hacer frente al crecimiento de la demanda por el aumento en la llegada de pasajeros.

Asimismo, se estudian las formas de fomentar el crecimiento de las aerolíneas nacionales, a través de la regulación y reformas legales; se prevé la inversión en carreras de aviación civil a nivel universitario y el impulso a la industria aeronáutica y aeroespacial nacional. Todos estos planes, propuestas y proyectos permiten avizorar un futuro con cielos despejados y muy propicios para la aviación civil dominicana, que le permitan dar respuesta adecuada y un respaldo coherente a cualquier iniciativa de desarrollo integral en el país