Existe la costumbre de reconocer que el desempeño de la Junta Central Electoral y el rol de los partidos políticos se activan en los procesos electorales. Ésta es aceptada con resignación por el propio accionar de los partidos políticos, ya que estos ponen a funcionar sus vetustas estructuras durante el periodo electoral para lograr los cargos de elección popular. Esta práctica cambia con el mandato de la Constitución del 2010 y la aprobación de los marcos legales No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y No. 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, que contribuye al fortalecimiento institucional de los partidos políticos y la actualización, ampliación de sus competencias y perfeccionamiento de las actuaciones de la Junta Central Electoral. Desde 1923 hasta nuestros días, las instituciones electorales de la República Dominicana han evolucionado en su desempeño dejando de ser meros organizadores administrativos para jugar un rol activo no sólo en el proceso electoral sino fuera de éste. La interrelación con los partidos políticos, su membrecía y la ciudadanía involucran a las instituciones electorales en temas de justicia electoral, planificación y estrategia a largo
plazo como educación a la ciudadanía, mejoramiento de los registros electorales, presentación de proyectos de ley, seguimiento a temas fundamentales como el financiamiento de los partidos, la participación equitativa de hombres y mujeres, reconocimiento de los partidos políticos, regulación operación ilícita, recepción de presupuesto general y plan de gobierno nacional de los partidos políticos, recepción de informes de rendición de cuentas y de lista actualizada de las personas que ocupan puestos directivos. Uno de los retos más importantes del momento es comprender el proceso de cambio en que se encuentra la democracia dominicana. Estamos frente a una ciudadanía que la Constitución le reconoce los mecanismos de participación y de sus deberes, que son velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto al patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. De igual manera, hemos evolucionado a un modelo desconcentrado de órganos electorales con competencia constitucional reforzada, contando con una jurisdicción especializada electoral y un órgano autónomo, ambos con independencia técnica, administrativa financiera, como máxima autoridad en materia de administración de justicia electoral y del registro de civil y electoral, así como de gestión, administración y de organización de los procesos electorales, respectivamente. Los cambios normativos fortalecen el sistema electoral dominicano, entendiendo como tales al conjunto de elementos que trabajan de manera coordinada para llegar a un resultado: fortalecer la democracia. El sistema electoral involucra la competencia por el poder, el acceso al poder y los mecanismos de control del poder, a través de la justicia electoral, rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información pública, la auditoría, la veeduría ciudadana, la fiscalización y el control. Estamos hablando de que en la República Dominicana el sistema electoral debe de contar con un involucramiento pleno de los ciudadanos, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y los órganos rectores electorales: Tribunal Superior Electoral y Junta Central Electoral. Este proceso de cambio no es asimilado por los partidos políticos, su falta de institucionalidad es el principal problema que frena el proceso de modernización, los cuales cuentan con estructuras anquilosadas y anacrónicas, son pocos transparentes, no fomentan la democracia interna y la participación ciudadana; sólo se activan cuando se acercan los procesos electorales y no mantienen una actividad constante con sus miembros ni sus simpatizantes. La constante violación de sus estatutos y la indisciplina interna, el incumplimiento de sus propios procesos y reglamentaciones, sobre todo en período electoral, afecta a la precaria institucionalidad y a los derechos democráticos de su membrecía. La actividad política partidaria de algunos partidos se ha mantenido, no porque los partidos estén funcionando, sino por intereses particulares de aspirantes. Frente a esta situación, urge un cambio de estas instituciones de derecho subjetivo público, bajo la forma de asociación voluntaria, cuyo propósito es servir al interés nacional, propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad. La Constitución, en sus artículos 211, 212 y 216, resalta la necesidad de la transparencia en la organización de las elecciones, la transparencia en la utilización del financiamiento, y la sujeción de los partidos políticos en el respeto a la transparencia. En la Convención de Naciones

Uno de los retos más importantes del momento es comprender el proceso de cambio en que se encuentra la democracia dominicana.

Unidas contra la Corrupción está incluida la transparencia como sinónimo de acceso a la información y en la Carta Democrática Interamericana se reafirma que la transparencia en las actividades gubernamentales es uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Es un atributo que permite dar a conocer cómo y por qué se toman las decisiones de quienes detentan el poder, lo que supone la obligación de publicar y el derecho de solicitar y acceder a esa información. La transparencia electoral implica publicidad institucional y libre acceso a la información de la autoridad electoral de su desempeño, gestión y administración de los recursos financieros y humanos, así como de sus procesos y procedimientos, disposición de la información a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones: presupuesto, nómina, banco de proveedores, licitaciones, deudas, acuerdos de pagos y vencimientos, resoluciones, publicación de las actas del Pleno de la JCE, procesos y procedimientos posibles y claros, con un lenguaje sencillo y amigable que genere confianza y conocimiento a la ciudadanía en general. El gran reto de la Junta Central Electoral es fortalecer la confianza y credibilidad soportado por su slogan de garantía de identidad y democracia. Los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas son sujetos obligados de la transparencia, deben desarrollar sus capacidades para promoverla y ejercitarla. Es mandatorio la rendición de cuentas no sólo al órgano rector electoral sino a su membrecía en particular y a la ciudadanía en general. Informar con un lenguaje entendible sobre sus actividades ordinarias, los estatutos, declaración de principios, programas, documentos y materiales de formación, rendir cuentas del manejo transparente de los recursos públicos y privados, quiénes son los beneficiarios de esos recursos, divulgar sus actividades, licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados, estados de cuentas de los recursos y las deudas, vencimiento y pagos; índices, estadísticas y valores institucionales, actas de reuniones, nómina de contribuyentes indicando su origen, dar a conocer más allá de sus plataformas, planes de gobiernos para informar a la ciudadanía, su membrecía activa y seguidores sobre sus actuaciones. Este ejercicio de transparencia debe contar con un mecanismo de difusión de la información, es decir, es informar dónde está, dónde y cómo la encuentro, la cual debe ser accesible, disponible y en datos amigables para todo el mundo. La utilización del financiamiento público es otra tarea de la transparencia. Cuando hablamos de financiamiento nos referimos al flujo de dinero público y privado existente en el proceso político. Financiamiento de la política es el aporte (legal e ilegal) para las actividades de los partidos y de las campañas electorales. Es claro que los partidos políticos necesitan fondos para poder desempeñar su papel, pero esto no implica un gasto desmedido y unas fuentes que acarreen violaciones de los preceptos democráticos de participación en plano de igualdad. En la actualidad la democracia cuesta y la calidad aún más, por lo que lo lógico es que se rinda cuentas del uso que se le da al dinero que se ha dispuesto para el financiamiento de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. La ley de acceso a la información y su reglamento establecen como obligatorio que los partidos políticos rindan cuentas de los recursos públicos y privados, los partidos deben desconcentrar la distribución de los fondos e informar sobre sus gastos. La ciudadanía, la membrecía, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas deben jugar su papel de fiscalizadores con respecto a los ingresos y a los gastos, particularmente el privado. El mal manejo del dinero en la política se considera una amenaza a la democracia. Es evidente las donaciones a las campañas por empresas o la infiltración de redes

La opacidad, la falta de transparencia y el ausente control, son oportunidades para que el crimen organizado y redes corruptas influyan en los candidatos, para proyectos futuros

político-económicas, muestras de ellos son los escándalos en el financiamiento a candidatos como los casos Lava Jato en Brasil, Odebrecht en Perú, Colombia y República Dominicana, y la Línea en Guatemala. La opacidad, la falta de transparencia y el ausente control, son oportunidades para que el crimen organizado y redes corruptas influyan en los candidatos, para proyectos futuros. Esto no sólo quebranta la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, sino que tiene consecuencias negativas en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza El financiamiento debe ser claro, abierto y transparente para conservar la confianza de los ciudadanos en la política. ¿Existe el mismo trato entre el ciudadano común y el que ayer contribuyó en la campaña política? Hay que conocer quién es el que pone el dinero hoy y cuánto pone, porque mañana no distinguimos si los que nos gobiernan representan a los ciudadanos o representan los intereses de los que les han financiado. El financiamiento de la política va más allá que un simple aporte, porque quien da el dinero controla todo lo demás, poniendo en juego la calidad de la representación. El ciudadano da su consentimiento a través de la
La opacidad, la falta de transparencia y el ausente control, son oportunidades para que el crimen organizado y redes corruptas influyan en los candidatos, para proyectos futuros
participación. Este consentimiento debe ser consciente e informado de quién o quiénes financian a tal o cual candidato. Es conocer quién está detrás, quién es la cara oculta propietaria del dinero con expectativas de beneficios futuros. La transparencia es fundamental en la vida de los partidos políticos, ayuda a equilibrar la balanza mediante la exposición y el castigo de la influencia indebida sobre “los políticos”, desmonta las redes político-económicas-ilícitas, protege ante la infiltración de dinero ilícito, alienta a los partidos, miembros y candidatos a respetar las normas, contribuye a mejorar la confianza de los ciudadanos y fortalece la democracia representativa. La transparencia electoral es esencial para la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil que realizan monitoreo social; contribuye a la participación ciudadana, disminuye la discrecionalidad, crea una competencia electoral más equitativa, fortalece la uniformidad y la accesibilidad de la información. En la actualidad contamos con un ordenamiento jurídico electoral cuyo reto es su implementación. ¡La gran tarea es que las leyes sean tan buenas como los operadores que la administran!