En el continente hispanoamericano y en Brasil, así como en otros muchos lugares del globo, hay una tendencia a confundir democracia y elecciones. Hasta el punto de que muchos analistas concluyen que tal país es democrático porque en él se celebran elecciones con periodicidad. Desde mi punto de vista, no es tan simple. La calidad democrática de un Estado es compleja y no sólo depende de otorgar a los ciudadanos mayores de edad el derecho a votar por un candidato o por un partido político. En realidad, la perfección del sistema político democrático descansa más bien sobre una justa distribución de la renta, todo ello sin quitar importancia a los necesarios procesos electorales. En Iberoamérica, que es la zona del mundo en la que me quiero centrar, los partidos políticos y sus líderes han descuidado durante generaciones un proceso permanente de perfeccionamiento de las democracias a través de estructuras político-administrativas que busquen la eficacia de la gestión, el reordenamiento de la sociedad y la conformación de un modelo de sociedad en el que las clases medias constituyan la mayoría de la ciudadanía. La desigualdad en la distribución de la renta es un rasgo hoy imperdonable. Los diferentes partidos han trabajado casi exclusivamente por sus intereses particulares de control del poder o los de su líder del momento. Uno de los grandes problemas de los partidos políticos en esta parte del mundo ha sido el personalismo. El partido surgía en torno a una persona en vez de ser la persona la que se integraba en un partido o ideología para por su medio tratar de ganar el poder. Así, los partidos latinoamericanos, en general, se han comportado como estructuras al servicio de unos intereses personalistas y, de rebote, de unas élites. De tal modo que las ideologías de las que se revestían los partidos han sido meros adornos vehiculares. Puede decirse que en los dos siglos transcurridos desde las independencias, la población ha permanecido al margen del devenir político de su nación.
MANUEL HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ Doctor en Historia de América. Embajador de España en Angola. Excónsul general de España en República Dominicana
DEMOCRACIA no es sólo elecciones
Tres podrían ser las razones que lo explican, comenzando por una descarada monopolización del poder político a cargo de una suerte de grupo congregado en torno a los que podríamos denominar partidos tradicionales. En los últimos tiempos, han aparecido agrupaciones que, desde posiciones populistas, ofrecen soluciones rápidas, casi milagrosas, a los problemas del país: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Pero como se ha ido viendo, sus políticas no han hecho sino agravar la situación de la que se partía. Finalmente, en muchos de nuestros países se da una suerte de desarreglo institucional que, unido a una preocupante debilidad y desestructuración de los Estados, impide su modernización política, económica y, sobre todo, social. Si hubiera que identificar a un culpable habría que señalar a los partidos políticos, responsables de una prolongada inacción difícil de explicar.

En definitiva, democracia no es sólo elecciones. También es justicia social

En general, los partidos políticos latinoamericanos son organizaciones que cabe calificar de desestructuradas, muy a pesar de que alguna de ellas haya llegado a tener varios decenios de existencia o participen en alianzas internacionales. Se puede hasta asegurar que algunos partidos han llegado al poder sin programas electorales concretos, suplidos con vacías declaraciones orales de sus líderes que, casi siempre, prometen imposibles. Sus carencias organizativas suelen desembocar, una vez que alcanzan el poder, en corrupción. Sus insuficiencias y vicios son considerables. Todo ello ha contribuido a que, con el transcurso de los años, no se haya conseguido un nivel de desarrollo comparable al que existe en otras zonas de Occidente. Las europeas y las iberoamericanas han sido democracias que no han evolucionado de la misma manera gracias, en buena parte, a que las primeras han utilizado herramientas como la reforma fiscal en beneficio del proceso de perfeccionamiento del sistema político. Ese perfeccionamiento europeo vino de la mano de la redistribución de la renta, lo que hizo que estos países ganaran posiciones, digamos democráticas, muy a pesar de la ventaja comparativa de contar con economías saneadas con que muchos de los iberoamericanos (Argentina, Colombia, Brasil) partían después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estudiamos el caso iberoamericano, puede constatarse una paradoja aparente, con respecto al grado de desarrollo. Así, desde hace décadas, la inmensa mayoría de los países de raíces ibéricas ha consolidado la democracia y, con ella, un conjunto de constituciones democráticas que garantizan la separación de poderes. Igualmente, está más que asentado que los partidos políticos puedan concurrir periódicamente en elecciones libres. Además, se trata de economías de mercado afianzadas. Por último, la práctica totalidad de los iberoamericanos reconoce y garantiza los derechos humanos y las libertades públicas, así como ha consagrado el imperio de la ley. En definitiva, hay un Estado democrático de Derecho. En cambio, en este espacio del Nuevo Mundo no se ha alcanzado un grado de desarrollo suficiente. Es cierto que a lo largo del lapso que va de 1880 a 1990, la historia latinoamericana ha sido un ejemplo de inestabilidad, una sucesión de vaivenes políticos sin fin: golpes militares, dictaduras salvapatrias, dictaduras patrimonialistas, guerras civiles, insurgencias iluminadas, revoluciones. Esto explica que, en comparación con lo ocurrido en Estados Unidos y en algunos países europeos –no muchos, dicho sea de paso–, Latinoamérica haya carecido de la armonía permanente necesaria para la consolidación de ciertos comportamientos políticos. Por otra parte, y aunque Iberoamérica ha disfrutado de las condiciones políticas requeridas, no es posible decir lo mismo respecto de lo que cabe identificar como la consecución de una estructura socioeconómica democrática. La democracia real, incluyendo la economía en su complejidad esquemática, no es posible en situaciones de desigualdad en el reparto de la riqueza puesto que obliga a esa forma de hacer política a convivir con focos permanentes de inestabilidad social, de pobreza, generados por la injusta disparidad en los ingresos. De tal manera que al no haberse dado una adecuada proporción entre lo político y lo económico se produce una disfunción perniciosa que acaba por afectar al necesario equilibrio social.

Por medio de una adecuada reforma fiscal, se incrementaría poco a poco el volumen de la clase media y, con ella, aumentaría exponencialmente la capacidad de consumo de la población y también el crecimiento económico.

En estos escenarios, siempre que la ciudadanía acude a las urnas, atraída por las promesas de los partidos en las sucesivas campañas electorales, a la búsqueda de una esperanza, de la mínima esperanza para salir de la pobreza, lo hace con la máxima ilusión. Pero mandato tras mandato descubre que las promesas de los partidos no se cumplen. Así que en los últimos tiempos ha optado por otras ofertas políticas cada vez más heterodoxas. Y una vez más acaba percibiendo que la esperanza vuelve a desvanecerse y así sucesivamente sea cual sea la candidatura electoral por la que vota. De modo que es normal que los últimos sondeos que realiza el Latinobarómetro muestren un preocupante y progresivo desencanto con la democracia como sistema político, así como con los partidos1. La cuestión que se plantea es cómo se puede mejorar el ejercicio de la democracia. En Iberoamérica se tiende a olvidar o a no prestar atención a una herramienta fundamental para lograr ese objetivo: la política fiscal. Así se ha demostrado en numerosos escenarios. Otra cosa es que políticos, economistas, periodistas y otros expertos lo hayan ocultado o hayan renunciado, de forma expresa, a su promoción y utilización. Se ha dicho hasta hartazgo que sin democracia no es posible el desarrollo económico. Pues bien, si el segundo depende de la primera, la desilusión y el descontento pueden llegar a suponer la puntilla para cualquier tipo de esperanza ciudadana, incluyendo a la democracia. Así, además de contar con un sistema político, democrático en sí mismo, existen tres condiciones para que una sociedad genere crecimiento y, con él, desarrollo: libre empresa, sistema judicial competente y una justa distribución de la renta. Sólo la primera ha alcanzado un nivel suficiente en Iberoamérica. Lo sorprendente del caso es que no es difícil saber por qué se ha llegado a esta situación: la debilidad del Estado y de sus instituciones. Se trata de una característica que, en el caso de los Estados latinoamericanos, se explica por su carencia básica de recursos para dar seguridad en las calles, para crear infraestructuras, para contar en fin con una función pública profesionalizada o con un sistema judicial confiable. En América Latina, el instrumento fiscal se ha descuidado y se ha hecho de forma irresponsable. Como muestra está un dato esclarecedor como pocos: en América Latina la presión fiscal ronda el 12 por ciento, frente al 35 por ciento de media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lo peor es que no se otea en el horizonte una perspectiva diferente ante la falta de voluntad de quienes toman las decisiones o de quienes las proponen. Estamos ante un escenario político en el que los Estados dan la impresión de ser prescindibles. Y es que los partidos políticos iberoamericanos no ofrecen a sus potenciales votantes, en sus respectivas campañas electorales, emprender una reforma fiscal a la búsqueda de un reparto de la riqueza más equitativo. Tampoco se trabaja por un pacto de Estado para lograrlo. A la ausencia de consenso político, se une el hecho de que tampoco la política fiscal sea un asunto que ocupe las páginas o los espacios de los medios de comunicación, y no ya como información, tampoco como objeto de opinión. Pareciera que a nadie le preocupara el problema, como si todos los formadores de opinión en Iberoamérica estuvieran satisfechos con las condiciones que reinan en sus países. Por supuesto que no se trataría de pasar de la noche a la mañana del 12 al 35 por ciento de presión fiscal. Ni siquiera que haya que llegar necesariamente a esa cota. Pero sí de que los poderes Ejecutivo y Legislativo, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales consideren por consenso la aplicación de períodos transitorios enfocados al incremento progresivo de dicha presión. Así se hizo en España por medio del consenso generalizado a que dieron lugar los pactos de la Moncloa y es evidente, a todas luces, que funcionó. Pareciera lógico que este silencio en torno a la necesidad de una reforma fiscal en Iberoamérica lo fomentaran los llamados partidos conservadores, debidamente estimulados por los grupos sociales y económicos complacidos con el statu quo reinante, con su propio bienestar, esto es, las oligarquías nacionales, como algún tipo de experto denomina a dicho grupo social. Lo absurdo es que la clase política que se sitúa a la izquierda del espectro ignora también los beneficios de una reforma fiscal de carácter progresivo. Nos referimos a los partidos socialdemócratas, socialistas e incluso los de izquierda radical y rupturista. Hay que preguntarse por qué el silencio de los partidos. Es difícil demostrar con pruebas la complicidad culposa de los partidos en torno a los frenos para una reforma fiscal. Digamos en primer lugar que el funcionamiento de las respectivas legislaciones electorales y los resquicios que presentan de cara a la financiación de los partidos políticos facilitan, en muchos casos, la recepción por éstos de donaciones procedentes de los grandes empresarios y de los poderes económicos de cada una de las naciones. En concreto, las grandes fortunas y muchos empresarios dan donativos a casi todos los partidos contendientes en elecciones, al menos a los que tienen posibilidades de lograr alguna representación parlamentaria. De tal modo que, sea el que sea el partido ganador tras el escrutinio, los dirigentes políticos, las mayorías parlamentarias se encuentran con las manos atadas para aplicar esta o aquella política, esta o aquella estrategia de actuación, si es contraria a los intereses de los donantes y de cara al mandato que tienen por delante. De una manera u otra, siempre se impone el interés de quien “generosamente” ha contribuido con dinero a la campaña. Y, por supuesto, para las capas acaudaladas de cada una de las sociedades nacionales iberoamericanas (anticuadas y escasamente contributivas) es mucho más conveniente, resulta más económico, desde el punto de vista de sus patrimonios, hacer esas aportaciones puntuales previas a las campañas electorales que contribuir anualmente al fisco, de acuerdo con sus posibilidades personales o societarias. El resultado es la baja calidad de los servicios que el Estado presta a la sociedad, lo que resulta más conveniente al grupo social más acaudalado. A éste le resulta más cómodo pagarse sus servicios de seguridad personalizados –algunos viven en verdaderas fortalezas– en vez de recibirlos del Estado por medio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, al igual que el resto de la ciudadanía. También prefieren enviar a sus hijos a educarse en costosos colegios privados y no a centros públicos nacionales que, dada la carencia de medios con que cuenta el Estado, son de escasa calidad. En cuanto a su salud y a la de sus familias, se proveen de onerosos seguros médicos privados de primera clase antes que permitir ser atendidos en los hospitales del Estado, etc. Por fin, se podría aducir que la resistencia a emprender una reforma fiscal sustantiva pudiera deberse a que el Estado en Iberoamérica no ha gozado de la confianza de sus ciudadanos. Si aceptáramos el aserto, entenderíamos que estos ciudadanos y la opinión pública no estuvieran interesados en presionar para emprender ese tipo de reformas porque, en el fondo, no les ha compensado facilitar recursos o, mejor dicho, más recursos a un Estado que, a juicio de este mismo ciudadano, está mal administrado, deficientemente gestionado y ha caído en manos de personas inescrupulosas, aunque hayan sido elegidos por procedimientos legales y democráticos. Este planteamiento ha llevado a algunos a justificar, incluso en sede parlamentaria, que una reforma fiscal, diseñada para aportar mayores recursos al Estado, no es popular ante la permanente sospecha de corrupción, ante la pésima administración de la cosa pública. En la práctica, sin embargo, alegar la ineficiencia del Estado, la corrupción de sus administradores políticos como razón para no emprender una modernización de la recaudación impositiva poniendo freno a la evasión –uno de los grandes cánceres sociales de esos países– no es más que una excusa y no muy convincente, además de un ejercicio de cinismo. La necesaria reforma fiscal favorecerá a las clases medias, que en los momentos actuales son las que soportan el peso de la fiscalidad, y perjudicará a los poderosos. Además, hará crecer el porcentaje de población que podrá ser identificada como clase media, lo que dará estabilidad democrática al país y ganará en justicia social.

CONCLUSIÓN

En definitiva, democracia no es sólo elecciones. También es justicia social. La falta de recursos, la escasa recaudación impositiva repercute directamente en una especie de debilidad estructural de los Estados, así como del sistema político del que se alimentan, la democracia en nuestro caso concreto. Sufre la institucionalidad. Para frenar esta deriva, y en la etapa de la evolución como naciones en que se encuentran los países iberoamericanos, no hay más que una salida: la de poner en marcha un proceso de reforzamiento del Estado que debe comenzar, necesariamente, por una reforma fiscal. Así se obtendrán mayores caudales y, segundo, servirá para iniciar la senda de la redistribución de la renta. Sería el paso previo para la consolidación de una sociedad moderna, competitiva y con grandes posibilidades de crecimiento económico. Los países iberoamericanos se encuentran, unos más otros menos, en lo que podría identificarse como una etapa media de desarrollo económico. A pesar de esa realidad, en los períodos en los que el desempeño de las economías iberoamericanas alcanza porcentajes de crecimiento aceptables –dentro de un ciclo más bien irregular que puede implicar varios ejercicios con cifras negativas– se llega a un crecimiento promedio del 6 por ciento, lo que por desgracia no ocurre siempre. En cambio, tendrían que estar incrementando sus PIB a tasas continuadas de en torno al 8-10 por ciento anual a lo largo de un período de entre una a dos décadas. Por medio de una adecuada reforma fiscal, se incrementaría poco a poco el volumen de la clase media y, con ella, aumentaría exponencialmente la capacidad de consumo de la población y también el crecimiento económico. Hay un caso muy ilustrativo. En 1970, Costa Rica, uno de los países iberoamericanos más desarrollados hoy en día, tenía un PIB per cápita ligeramente superior al de Corea del Sur; actualmente, el PIB de Corea del Sur es casi siete veces mayor que el de Costa Rica.

Sin democracia no es posible el desarrollo económico

Nadie en su sano juicio puede pretender tener unas carreteras y ferrocarriles como los surcoreanos, una seguridad social como la de Francia, una enseñanza
pública como la de Singapur, una salud como la de España, una seguridad ciudadana como la de Japón, una función pública profesionalizada y de calidad como la canadiense y, al mismo tiempo, oponerse a llevar a cabo la reforma fiscal. Sería oponerse al progreso del país y de sus habitantes. Quien quiere prosperidad tiene que pagarla y no esperar a que el dinero venga de fuera, en forma de ayuda al desarrollo. Y para poder hacerlo hay que recaudar, que es el modo principal que tiene el Estado de obtener fondos. En el marco de un Estado democrático, y los iberoamericanos lo son, los impuestos constituyen el fluido que da vida a un sistema que, no lo olvidemos, descansa sobre la voluntad popular libremente expresada. La recaudación está íntimamente vinculada a la democracia. Como ya estableció la revolución de independencia estadounidense (siglo XVIII), no puede haber tributación sin representación: “no taxation without representation”. A sensu contrario, sobre la base de una democracia fundamentada en una Constitución y en elecciones periódicas que determinen quién ha de gobernar y legislar, no sólo es legal sino conveniente, crear una estructura fiscal que busque la consolidación de una potente clase media y una más justa redistribución de la renta. Esto se consigue destinando más recursos del Estado a programas sociales, como mejorar la calidad de la instrucción pública, dotar al sistema de salud de mayores medios, invertir en las infraestructuras o corregir o renovar los sistemas de seguridad ciudadana, entre otros.