Introducción

El presente trabajo busca de forma sucinta esbozar el financiamiento político en República Dominicana, planteando las limitaciones y ausencias que existen para el control y la transparencia. También realiza un acercamiento a las dificultades de regular el financiamiento privado, considerando los topes a las contribuciones individuales, extremadamente excesivos, sumado a los supuestos topes de gastos por partido y los irreales límites establecidos. El autor plantea la dificultad de regular el financiamiento de grupos económicos y evitar la intervención de personas vinculadas a actividades ilícitas. En ese sentido, se plantea la necesidad de endurecer las disposiciones existentes y contemplar otras para el control, restricción e impedir la entrada de dinero ilícito a los partidos, a las campañas y a las cuentas de los propios candidatos de recursos provenientes de personas físicas y jurídicas vinculados a actividades ilegales. Los partidos políticos deben jugar el rol de intermediación entre la sociedad y el Estado, servir al interés nacional, al bienestar colectivo y garantizar el desarrollo integral de la sociedad. Numerosos expertos en
la temática, plantean la necesidad de fortalecerlos e, incluso, entienden que son la esencia para el sistema democrático. No obstante, y distinto a esa visión, los partidos políticos en términos generales deben ser transformados e inyectados de valores, principios éticos, conductas morales y políticas de transparencia en su financiamiento, que permita cerrar la puerta a la corrupción de la penetración de estructuras criminales o del lavado de activos. La sostenibilidad de una estructura partidaria implica la inversión de cuantiosos recursos económicos y, más aún, cuando esta se aboca a participar en una contienda electoral. En la actualidad, los procesos electorales, más que centrados en atraer el favor del electorado a través del discurso político, programático o ideológico contentivo de propuestas sustantivas de cambio, han degenerado en un espectáculo, en un show mediático centrado en la exposición de un producto que, a fuerza de publicidad, se pretende poner a la moda, utilizando el clientelismo, patronazgo, el rentismo y el patrimonialismo, como vía para alcanzar o perpetuarse en el poder.

Esta situación ha empujado a que las campañas electorales sean cada día más costosas y, por ende, los partidos políticos se han visto en la necesidad de diversificar sus fuentes de financiamiento, muchas veces sin discriminar sobre la licitud de las mismas o los intereses que éstas puedan representar; solo le importa el dinero; creando un ambiente que propicia, entre otros vicios, el desequilibrio en la competencia, la ilegitimidad y desconfianza en los resultados del proceso, elementos que repercuten de forma negativa en la calidad de la democracia. Los partidos políticos no pueden seguir de espalda a los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas que un contexto democrático exige. No es posible que aún persistan en operar bajo criterios de opacidad y manejos oscuros de los asuntos de interés colectivo, transgrediendo todas las exigencias de rendición de cuentas y transparencia. El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en el país están mínima y débilmente reguladas, con los riesgos que presenta un sistema mixto, que admite el financiamiento público como financiamiento privado, con el agravante de contar con disposiciones normativas que establecen los topes a las contribuciones individuales, extremadamente excesivos, sumado a los supuestos topes de gastos por partido y los irreales límites establecidos. En República Dominicana es difícil identificar el financiamiento de grupos económicos y personas vinculadas a actividades ilícitas, porque no existe un tope real aplicable para los “aportes” privados a las campañas, sumado esto a la ausencia de rendición de cuentas sobre las fuentes y usos de los recursos económicos en las campañas electorales.

A la opacidad en el manejo del financiamiento político, se suma la ausencia de fiscalización e investigaciones efectivas por el Ministerio Público, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, que en la práctica ha sido mínimo el control y supervisión que ejercen, no obstante sus facultades y competencias, entre ellas, pueden anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesare de inmediato cualquier uso indebido de los recursos o medios del Estado. En cuanto a los fondos públicos entregados a 32 partidos reconocidos en el periodo 2006-2018, Participación Ciudadana destacó que sólo se hicieron 54 auditorías, lo que significa que estos fondos no se están auditando anualmente, ni siquiera con cierta periodicidad, pues en promedio, sólo 4.5 de los 32 partidos fueron auditados al año. “En este grupo, llama la atención que, al partido gobernante, PLD, nunca se le ha hecho una auditoría en 12 años, al PRSC, una; al PRD, tres; al PRM, 2. Estos cuatro partidos son los que reciben el 80% de los fondos contemplados en la Ley Electoral.” En el país debemos endurecer las disposiciones existentes y contemplar otras para el control, restricción e impedir la entrada de dinero ilícito a los partidos, a las campañas y a las cuentas de los propios candidatos de recursos provenientes de personas físicas y jurídicas vinculados a actividades ilícitas.

Para regular el dinero del lavado de activos en las campañas, se debe iniciar con medidas que obliguen a los partidos a cumplir la ley y poner a disposición de todos/as los nombres y montos de quienes financian sus campañas, que permita determinar la procedencia y origen de los mismos y de no ser verificable estamos ante un acto ilícito. El financiamiento político sin control es la puerta de entra del lavado de activo, condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándola para facilitar las actividades del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y devastando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos. El 6to Informe de Observación Electoral de Participación Ciudadana del año 2016, indica que “una de las dificultades para el análisis del costo de las elecciones y el valor del voto en la República Dominicana; es el hecho de que no se sabe con precisión cuánto se gastó en este proceso electoral, debido a la escasa información que se puede obtener en la página web de la JCE. A partir de los pocos datos cuantificables que han sido divulgados, se ha hecho un ejercicio simple para tener un aproximado de cuánto costó cada voto”. En República Dominicana urge la adopción de medidas, políticas y normas, que en su implementación y cumplimiento garanticen los controles necesarios para prevenir y controlar la penetración del crimen internacional organizado en la actividad política; en ese sentido, es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos.

En el financiamiento político no existen las donaciones, se producen inversiones

El lavado de dinero, vía el financiamiento político, debe combatirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad, sobre todo en aquellas instituciones donde por su característica podemos identificar un importante volumen de Personas Expuestas Políticamente (PEP). La prevención, persecución, sanción de los ilícitos y el lavado de activo en la actividad política, cruza necesariamente por la promoción de la transparencia y limitar las inversiones privadas que se realizan a los partidos políticos, como medio de garantizar la competencia electoral equitativa. Los partidos políticos se enfrentan a la necesidad de lograr reducir los excesivos gastos en las campañas electorales, entre ellos, eliminar el funcionamiento de todas sus redes y prácticas clientelares, además de reducir los costos de la publicidad electoral, para evitar que las maquinarias del lavado de activo penetren y continúe el proceso de captura del Estado. La captura del Estado es el tipo de corrupción público-privada, en donde los actores privados intervienen o influyen en los procesos de formulación de leyes, regulaciones, contratos, concesiones y políticas públicas, con el único interés de obtener beneficios económicos para su provecho personal y/o grupal, garantizando la impunidad.

los partidos políticos. El lavado de dinero, vía el financiamiento político, debe combatirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad, sobre todo en aquellas instituciones donde por su característica podemos identificar un importante volumen de Personas Expuestas Políticamente (PEP). La prevención, persecución, sanción de los ilícitos y el lavado de activo en la actividad política, cruza necesariamente por la promoción de la transparencia y limitar las inversiones privadas que se realizan a los partidos políticos, como medio de garantizar la competencia electoral equitativa. Los partidos políticos se enfrentan a la necesidad de lograr reducir los excesivos gastos en las campañas electorales, entre ellos, eliminar el funcionamiento de todas sus redes y prácticas clientelares, además de reducir los costos de la publicidad electoral, para evitar que las maquinarias del lavado de activo penetren y continúe el proceso de captura del Estado. La captura del Estado es el tipo de corrupción público-privada, en donde los actores privados intervienen o influyen en los procesos de formulación de leyes, regulaciones, contratos, concesiones y políticas públicas, con el único interés de obtener beneficios económicos para su provecho personal y/o grupal, garantizando la impunidad.
Para evitar la captura del Estado y que los recursos provenientes de fuentes ilegales financien los partidos políticos y romper los vínculos entre la delincuencia política y el crimen organizado, la ciudadanía debe asumir mayores niveles de compromiso y responsabilidad para controlar un sistema de partidos políticos dependiente de la corrupción, el fraude y el dolo. El próximo proceso electoral presenta grandes riesgos y múltiples posibilidades para el financiamiento ilegitimo de la campaña, considerando los limitados mecanismos de control, debilidades institucionales, ausencia de cumplimiento de la ley, una cantidad que se estima en más de 4,000 candidatos/as convertidos en Personas Expuestas Políticamente (PEP) con aspiraciones a cargos electivos, sumado a los pocos instrumentos activos, creíble para la detección, localización e identificación del lavado de activos en el proceso electoral, sumado a los posibles 33,819 precandidatos/as, sobre la base del reglamento o los 107,910 precandidatos/as, sobre la base de solicitud de los partidos. Las personas políticamente expuestas el GAFI las define como aquellos “individuos que desempeñan o han desempeñado en el país o en el extranjero funciones públicas importantes, por ejemplo, jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía, altos funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales o militares,

El próximo proceso electoral presenta grandes riesgos y múltiples posibilidades para el financiamiento ilegítimo de la campaña.

altos ejecutivos de las empresas de propiedad estatal, funcionarios importantes de partidos políticos y los miembros de las familias o asociados cercanos a éstas”. El complejo proceso electoral, la ausencia de mecanismos de control del financiamiento político, la ausencia de voluntad del partido político que controla los poderes públicos y, por otro lado, los actores que demandamos endurecer las disposiciones existentes, contemplar otras para el control e impedir la entrada de dinero ilícito en los partidos, la campaña y en las cuentas de los propios candidatos. En ese sentido, los recursos que reciben los partidos políticos deben estar sujetos a los mecanismos de control de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la propia Junta Central Electoral, pero también debemos activar los medios de la Superintendencia de Bancos, de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los partidos políticos se convierten en instancias de alto riesgo y que en un sistema vulnerable pueden ser penetradas o convivir con las organizaciones del crimen nacional o trasnacional, que introducen en el sistema ganancias financieras producto de sus actividades ilegales y evitan ser detectados o compran lealtades de las autoridades de un país, sobre todo, si partimos que “en la política no existen las donaciones, se producen inversiones.” El que paga cobra y tiende a generar las condiciones para la captura del Estado.

La prevención del lavado de activos en el financiamiento político tiene que considerar las recomendaciones y los estándares internacionales para el combate del lavado, establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los organismos regionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, debe existir una regulación especial para las PEP, de modo que las instituciones financieras y otras, cuenten con sistemas de gestión de riesgo para identificar a un
cliente PEP, tener la aprobación de la autoridad competente para tener relaciones de negocios con éstos o adoptar medidas para establecer el origen de los bienes y fondos y, de esa manera, darle un seguimiento permanente a los movimientos financieros. En la República Dominicana existen debilidades en el sistema de partidos políticos, caracterizado por la ausencia de regulación, control, transparencia, y cada vez más vinculado al financiamiento ilegal e ilegitimo, funcionan como un medio para la acumulación y el enriquecimiento ilícito, organizaciones con carentes bases ideológicas, desligadas de la defensa del interés nacional