Los Estados Unidos de América es un país formado por grandes inmigrantes, que desde el siglo XIX comenzó a recibir el mayor número de personas de todo el mundo, particularmente de América Latina, que buscaban mejores niveles de vida y, al ser un país que abrió las puertas a la libertad y a las oportunidades, prontamente se convirtió en la nación más admirada debido a que allí no solo es posible soñar en grande, sino también realizar en grande las metas de los que persiguen sus anhelos.

Con el devenir de los años, Estados Unidos se ha convertido en el líder de todos los que buscan una esperanza, pero al mismo tiempo el crecimiento de inmigrantes ha representado un reto que ha conllevado a sus autoridades a regular y diseñar una política migratoria de puertas abiertas, pero bajo sus normas, las cuales han sido adaptadas en distintos momentos y circunstancias particulares por los presidentes que han dirigido esa nación.
Desde la década de los 50´, específicamente en el año de 1952, se promulga la primera Ley de Inmigración y Ciudadanía, más tarde reemplazada en el 1965, en lo que podríamos llamar una versión más completa de la primera, ya que sustituía el sistema de orígenes de nacionales por la reunificación familiar, como sistema prioritario. Además, la referida ley pretendía acercar a inmigrantes de alto nivel académico en un esfuerzo por mantener al país como una nación de grandes.

Al mismo tenor, en el 1966 se promulgó la Ley de Ajuste Cubano, que garantizaba la residencia a todos los nacionales de la isla de Cuba que hubieran entrado a los Estados Unidos por los puertos autorizados para la entrada de extranjeros, entiéndase de manera legal; de allí que a los cubanos en aquellos años se les conociera en los Estados Unidos como refugiados políticos, ya que Cuba, desde ese entonces tenía un sistema comunista, contrario al sistema capitalista.

No obstante, no fue hasta el año 1980 cuando de manera formal se instauró la Ley de Refugiados en los Estados Unidos. En el 1986, el Congreso norteamericano aprobó la Ley de Reforma y Control Migratorio (IRCA), como enmienda al Acta de Inmigración de 1952, que había quedado poco a poco obsoleta frente a los retos migratorios que enfrentaba. Dicha ley se convirtió en un referente histórico sobre los procesos de inmigrantes
debido a que otorgó estatus legal a casi tres millones de personas. Además, se creó la Enmienda del Fraude de Matrimonios (Immigration Marriage Fraud Amendments). Esto ocurrió como respuesta a la presunción que tenían las autoridades, de que muchos matrimonios entre extranjeros y ciudadanos estadounidenses se llevaron a cabo bajo acuerdos negociados, para la obtención de nacionalidad.

Cuatro años después de esta última aprobación de la Ley de Reforma y Control Migratorio, es decir, en el 1990, el gobierno nueva vez se vio en la obligación de hacer modificaciones a la Ley para ampliar los mecanismos que regían el sistema migratorio hasta la fecha; así pues, en los años comprendidos desde el 1990 al 1997 se creó la Comisión Jordán, cuyo propósito fundamental fue estudiar la inmigración, para recomendar reforzamiento en el control fronterizo y crear un sistema electrónico para el visado de trabajo.

Es importante destacar que en los años 90´, por la gran actividad migratoria que se originó, se inició la construcción del muro entre México y Estados Unidos, desde San Diego, y se aprobaron en aquellos años diversas leyes que otorgaron amnistías para algunas comunidades, dentro de las que se encuentra la Ley Nacara o Ley de Ajuste para Nicaragua y Alivio para Refugiados Centroamericanos.

Así como la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante, la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, y la Ley de Conciliación de la Responsabilidad Personal y las Oportunidades de Trabajo de 1996, es decir, la Ley de Bienestar Social, se lograron otros avances en el tema inmigratorio que no se pueden ver de forma aislada.

A partir de 2001 los trágicos hechos ocurridos el 11 de septiembre en New York y Washington D. C. cambiaron todo el sistema de seguridad e inmigración en los Estados Unidos. Los cambios y transformaciones que se fueron dando como consecuencia de las nuevas tendencias
delictivas, dieron lugar a nuevas normativas administrativas que afectaron el estatus migratorio de los ciudadanos latinoamericanos.

La comunidad latinoamericana en su momento hizo frente con algunas protestas y reclamos, pero la verdad es que el tema inmigratorio se ha convertido en un debate político, pues los dos principales partidos estadounidense: Republicano y Demócrata, lo han convertido en un tema de campaña electoral. Durante la gestión de Barack Obama, muchos beneficios se mantuvieron a favor de los latinoamericanos, de manera especial
a los cubanos, haitianos, salvadoreños, mexicanos, dominicanos, entre otros.

Pero desde que Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses, el 4 de noviembre de 2016, muchas cosas han cambiado en la política inmigratoria de ese país, por ende, los migrantes de la región han sentido el peso de sus políticas y medidas. Actualmente hay unos 10 millones
de personas indocumentadas en Estados Unidos, de los cuales 7 millones son de América Latina. De estos países, México tiene el número más alto, seguido de El Salvador, Cuba, República Dominicana y Guatemala.

La situación de los mexicanos es un poco más compleja por ser un país limítrofe con los Estados Unidos, y el mayor desafío que presenta ahora es poder encontrar una forma de resolver el caso de “Los Dreamer”. El Congreso y la Casa Blanca se encuentran en medio de negociaciones para encontrar una solución permanente para los inmigrantes indocumentados que llegaron a los EE. UU. en la infancia y que se les ha denominado “Los Dreamers”.

El programa Fue creado por decreto el 15 de junio de 2012, por el expresidente demócrata Barack Obama, ante la imposibilidad de aprobar en el Congreso dominado por los republicanos la Ley DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act), o Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros, de los cuales el 75% son de nacionales mexicanos Otras medidas que han impactado son: la construcción del muro en la frontera con México, el fin del Programa de Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, el cual es un programa migratorio creado en 1990, con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Se beneficiaban del TPS los nacionales de El Salvador, Nicaragua, Haití y Cuba..

En el caso de El Salvador, Estados Unidos concedió el TPS en 2001, a raíz de una serie de sismos, mientras que a Honduras y a Nicaragua en 1998, tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.

Haití se beneficiaba del TPS desde el 2010, debido al catastrófico terremoto que dejó unos 300 mil muertos y sumió a ese país en una crisis profunda. Con respecto a los cubanos, la política “pie mojado-pie seco”, que les permitía a estos ciudadanos que llegaban a los Estados Unidos sin visa convertirse en residentes permanentes, no continuará, en tanto la administración de Trump anunció el cese de esos beneficios.

De acuerdo a la disposición del presidente Donald Trump, los salvadoreños solo podrán renovar una última vez el TPS, pues ya se avisó a principios de enero el fin del programa, como mencionamos, de forma tal que los 190 mil salvadoreños beneficiados tendrán que salir de territorio norteamericano o buscar otras formas de quedarse antes del 9 de septiembre de 2019.

Para renovar su inscripción en el TPS, los salvadoreños deberán rellenar dos formularios, uno para regularizar su estatus temporal en EE. UU. y otro para poder seguir trabajando, de acuerdo a lo que ha publicado al respecto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Anteriormente, el TPS se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero el presidente Trump ha decidido acabar con esos permisos, argumentado que son temporales y le corresponde al Congreso aprobar una ley para regularizar la situación de sus beneficiarios.

De igual forma, el gobierno de Trump anunció para los nacionales de Haití el cese del TPS, y dio un margen de 18 meses a sus 58,706 beneficiarios para que regresen a su país o busquen una alternativa a su estatus. De este modo, el TPS para los haitianos verá su fin el 22 de julio de 2019, según publicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Lo mismo pasará con los nacionales nicaragüenses. El TPS cesará para los inmigrantes de Nicaragua el 5 de enero de 2019, fecha límite para abandonar EE.UU. Sin embargo, a los ciudadanos inmigrantes de Honduras se les dio una extensión provisional del TPS por seis meses, lo que muchos temen sea la antesala de la cancelación definitiva, como en el caso de Nicaragua.

En lo que respecta a los dominicanos, se estima que hay cerca de un millón 800 mil personas de origen dominicano que residen en los Estados Unidos, de conformidad con el análisis del Pew Research Center, una institución dedicada a la investigación social. Los dominicanos constituyen, de esa manera, la quinta mayor población de origen hispano en los Estados Unidos. Desde 1990, la población de origen dominicano ha crecido más de un 300 por ciento, pasando de 517 mil personas a la cifra indicada más arriba.

La presencia dominicana en ese territorio ha sido siempre significativa, y la cantidad de nacidos en tierra estadounidense, de padres dominicanos, espectacular. En los últimos 25 años esa población se incrementó de manera más intensa y acelerada que la de los inmigrantes, con lo cual se ha ido creando un nuevo perfil de los dominicanos en los Estados Unidos, al punto que hoy se cuenta con un senador del Partido Republicano, de origen dominicano, Adriano Espaillat Cabral, quien ha expresado que protegerá a los dominicanos de los abusos.

La migración dominicana hacia los Estados Unidos se ha realizado a través de distintos momentos o períodos históricos, que tienen su origen en el siglo XVI.

En efecto, desde esa época, ya tan remota, hubo migrantes que salieron desde la Capitanía General de Santo Domingo en ruta hacia la Nueva España, compuesta en la actualidad por territorios como la Florida y Luisiana.

De acuerdo a la Dra. Ramona Hernández, Directora del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, se considera que la primera persona de lo que posteriormente sería la República Dominicana, que migró fuera de Nueva España hacia lo que también con el tiempo se convertiría en los Estado Unidos, fue un marino mercante de nombre Juan Rodríguez. Sus investigaciones revelaron que el señor Rodríguez llegó a la isla de Manhattan en el 1613, hace algo más de 400 años, desde su lugar de origen en Santo Domingo, siendo no sólo el primer dominicano, sino el primer latino en establecerse en lo que hoy es parte de la ciudad de Nueva York.

No obstante, fue a partir de la década de los sesenta, luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, cuando se inició el flujo migratorio masivo de dominicanos hacia los Estados Unidos. Eso se intensificó en el período post la Revolución de Abril de 1965; y posteriormente en la década de los noventa, cuando arribó la mitad de los que hoy se encuentran en territorio norteamericano, como consecuencia de la crisis económica de finales de los ochenta, y el pesimismo sobre el futuro del país, luego de las elecciones de 1990.

En términos geográficos, la mayor concentración de dominicanos en los Estados Unidos se encuentra en cinco estados de la costa Nordeste, que son: Nueva York, con cerca de 700 mil habitantes; New Jersey, con más de Caravana de emigrantes hacia Estados Unidos.

Los cambios y transformaciones que se fueron dando como consecuencia de las nuevas tendencias delictivas, dieron lugar a nuevas normativas administrativas que afectaron el estatus migratorio de los ciudadanos latinoamericanos.

200 mil; Florida, con más de 180 mil; Massachusetts, con cerca de 110 mil y Pennsylvania, con alrededor de 65 mil. En relación a la legalidad de los dominicanos en Estados Unidos, la mayoría son residentes, muchos no han optado por la ciudadanía americana debido al idioma que no han podido aprender, aun con los años que llevan viviendo en ese país.

La percepción de que Estados Unidos está otorgando una mayor cantidad de visa a los dominicanos es totalmente cierta. Solo el pasado año las autoridades estadounidenses concedieron visa de no inmigrante a 146,901 criollos y residencia permanente a 53,339. Las emisiones de visa durante 2015, para tener una idea más clara, fueron de 93,783, concesiones que van en aumento desde el año 2013.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Estado de ese país, de 2011 al 2016 recibieron visa de no inmigrantes 502 mil 708 dominicanos. Pero las nuevas medidas administrativas, en efecto desde el 1 de octubre del 2018, han anunciado que las personas que ingresan a territorio norteamericano con visa de no inmigrantes o de paseo y se casan para obtener su residencia, incurriendo en fraude, a partir de la fecha serán entrevistados por un oficial de Migración que determinará, luego de una investigación, si hubo simulación. En ese sentido, recibirá inmediatamente una citación de un juez para su deportación, en un proceso que antes iba a investigación y los solicitantes tenían la oportunidad de rectificar errores o presentar otras documentaciones.

Ahora le mandan un aviso para deportación que tendrá efecto un día después de la citación, además, se agudizó la norma de no incurrir en carga pública (establecida en la sección 212 (a) (4) del Acta de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos). La nueva medida se refiere
directamente a los titulares de visa no inmigrante que hayan ocasionado gastos en el Estado americano, quienes tendrán inconveniente para tramitar residencia.

Como se ha visto, el lema de la campaña presidencial de Donald Trump, american great again, seguirá en ejecución y las reformas continuarán. Al parecer, todo esto nos obligará a entender que los Estados Unidos ya no será el principal destino para la migración de los latinoamericanos, debido a estas normas implementadas por la presidencia de Trump, por lo cual se tendrá que pensar en otras alternativas, que bien podría ser
el fortalecer las oportunidades y recursos internos en beneficio del desarrollo de los países de la región.