Las migraciones internacionales constituyen hoy un tema sobresaliente en la agenda global. Los países del mundo son clasificados de acuerdo
con su nivel de desarrollo y/o condiciones económicas en receptores o expulsores. Haití y República Dominicana forman parte de esa movilidad humana en espacio insular que comparten o hacia diversos destinos, los cuales son comunes, en algunos casos.

En ese contexto, el desarrollo desigual registrado en los dos territorios ha creado la dinámica binacional de expulsión y atracción, llegando los trabajadores haitianos a jugar un papel imprescindible en la economía dominicana, igual que los migrantes latinos, y mayormente mexicanos, en Estados Unidos o los nicaragüenses en Costa Rica.

Mas, los diferendos históricos entre nuestros dos Estados, junto a la capitalización política del tema y el endurecimiento internacional de las políticas migratorias, con el surgimiento de la xenofobia en algunos países, han dado lugar a una situación que hace muy complejo el caso domínico-haitiano, del cual veremos algunos puntos.

República Dominicana: primer país en usar la mano de obra haitiana

De la unificación de la isla, de 1822 al 1844, es natural que se hayan dado desplazamientos a pequeñas escalas de personas desde el Oeste hasta el Este, incluso la formación de familias mixtas que se evidencian hoy día con el apellido francófono de prominentes ciudadanos dominicanos. Más, en cuanto a la traída de trabajadores haitianos hay cuatro momentos que podemos señalar.

1. Algunas fuentes indican la contratación, desde 1880, de cortadores de caña, con el arribo de inversionistas cubanos en la industria azucarera.

2. La ocupación de la isla por Estados Unidos. A partir de 1915 en Haití y 1916 en República Dominicana. Desde el Oeste se traía a los trabajadores a
las obras y plantaciones en el Este.

3. La participación del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en la industria azucarera (1947).

4. La entrada en escena de los “buscones”, al caer en Haiti la dictadura duvalierista (1986)

República Dominicana, sin lugar a duda, alberga la comunidad pionera de la diáspora haitiana global.

Otros países que recibieron trabajadores haitianos en el siglo XIX, en un número relativamente significativo, fueron Cuba, también para la producción del azúcar, y Panamá, en la construcción del Canal.

Dependencia de RD de la mano de obra haitiana

De esa temprana presencia ha surgido una dependencia histórica de parte de República Dominicana, respecto a la mano de obra haitiana, cuya prueba más contundente lo es el acuerdo de contratación de braceros entre Trujillo y el presidente haitiano Paul Eugene Magloire, en 1952. A sabiendas de que tan solo 15 años antes, el tirano había ordenado la masacre de los haitianos que vivían en la Línea Noreste.

Cabe señalar que los requerimientos anuales por parte de Trujillo alcanzaban ocasionalmente los 50,000 trabajadores, una cifra más alta que la de sus víctimas de la masacre, según una carta que escribiera al abogado haitiano Luc Fouche, en mayo de 1957, donde plantea que por “la renuencia del efímero presidente haitiano Frank Sylvain, de cumplir con el acuerdo (previamente señalado), pudiera perderse la mitad de la cosecha de caña”.

Esos contratos bilaterales se mantuvieron hasta la caída de la dictadura duvalierista en Haití, en 1986. Se recuerda la crisis diplomática surgida a raíz del adelanto de US$2 millones por parte del presidente dominicano Salvador Jorge Blanco, en enero del mismo año, al régimen haitiano, volatilizado en la huida de Baby Doc que el general presidente Henry Namphy, que dirigió la Junta Gobernativa haitiana, fue obligado a pagar tras presiones de la parte dominicana.

A partir de ahí entraron en escena los llamados “buscones” (intermediarios) liderados por un antiguo chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz, que suplían de cortadores de caña a los distintos ingenios azucareros del país. Los que llegan se benefician de los puestos de trabajo dejados a inmigrantes, en parte debido al crecimiento socio económico dominicano y también por las migraciones.

Para muestra un botón: la llamada nacionalización del corte de la caña, promovida desde Trujillo, nunca pudo lograrse. Tampoco por completo la mecanización.

El dominicano no cortará caña aunque le paguen bien. Por tal motivo, esas operaciones de contrataciones informales se mantienen en la agroindustria dominicana, en general, en base a una autorización especial del Poder Ejecutivo prevista en el Código de Trabajo de mayo de 1992, dando concesión por un año a las empresas del área para el uso de la mano de obra extranjera en número mayor que la local.

Evidentemente, el uso mayoritario de obreros haitianos se ha extendido a otras áreas vitales, como la construcción, en aspectos bien determinados, donde su presencia ha sido destacada en las grandes obras estatales y privadas que ayudaron a la transformación urbanística de la ciudad capital en los últimos 30 años.

Presencia visible de los inmigrantes haitianos.

No hay dudas de que, aparte de los factores de expulsión de Haití, la migración haitiana hacia República Dominicana ha sido, en gran parte, incentivada al inicio por el Estado dominicano, por vía de acuerdos bilaterales o la tolerancia ante la llegada irregular de los trabajadores destinados a los ingenios para asegurar la reproducción de la fuerza laboral, los cuales eran confinados en los bateyes, comunidades donde los braceros viven en total hacinamiento.

República Dominicana, sin lugar a duda, alberga la comunidad pionera de la diáspora haitiana global.

No obstante, concomitantemente con el cambio del modelo económico dominicano en los ’80, que produjo migraciones internas de los haitianos en el territorio dominicano y el desarrollo hotelero que requería mano de obra intensa, comenzó a darse una mayor presencia de universitarios y profesionales haitianos. Estos últimos requerían servicios especializados a nivel pastoral o económico, tal como las remesas que reciben o envían. De hecho, las iglesias Bautista y Cristiana Reformada, que habían iniciado en un primer momento cultos en Kreyol y luego la Conferencia Episcopal Dominicana, como también la Iglesia Episcopal a principios de los ‘80, comenzaron a desarrollar programas especiales hacia los inmigrantes del país vecino, mientras algunas empresas incorporaban personal que hablan ese idioma para atender a un nicho o una comunidad que tiene potencialidades de crecimiento.

Igualmente, algunas emisoras iniciaron emisiones dirigidas a la comunidad haitiana o el Estado, que propició campañas de información y orientación sobre temas de salud o migración.

Asimismo, los artistas plásticos callejeros llenaban en un tiempo de colores al Malecón de Santo Domingo y los polos turísticos, mientras algunas figuras emergían en el mundo del entretenimiento, los deportes y diversas ramas profesionales.

Desde el grupo musical “Los Diplomáticos”, pasando por el popular cantante Félix Cumbé y el fugaz éxito de un vendedor de dulces de coco transformado en afamado artista: “Palito de Coco”, o la participación en la televisión y el cine dominicano de reconocidos jóvenes haitianos, un interesante camino se comenzó a trillar en base a la hospitalidad tradicional dominicana, la cual difiere diametralmente del discurso dominante de una parte de las élites.

No obstante, desde algunos centros universitarios y agencias de cooperación se han implementado investigaciones y estudios para visibilizar los aportes de los inmigrantes haitianos, desmontando con cifras lo de la supuesta carga en gastos de salud y educación del Estado hacia ese sector poblacional. Desde el 2012, con un estudio complementario al ENI, se sabe que la migración laboral haitiana aporta un 5.4% al valor agregado de los bienes y servicios en República Dominicana, lo cual equivale a US$2,603 mil millones.

Es de justicia mencionar la promoción que hace la Fundacion Zile, de esa contribución haitiana a la RD, a través del evento anual denominado “Semana de la diáspora”, que a la vez ayuda al fortalecimiento de los lazos dominico-haitianos.

Migración y derechos humanos

Esa diferencia es obvia. República Dominicana, pese a dirimir el caso a nivel bilateral, quedó con un expediente abierto a nivel internacional en materia de derechos humanos, por la masacre de miles de inmigrantes haitianos y negros en 1937, el cual, incomparable a hechos de violencia en momentos de conflictos históricos entre ambas naciones, tiene su peso en que haya sido ordenado desde el más alto nivel del Estado hacia un sector vulnerable de la población civil. Se trata de un hecho que no tiene parecido en la historia de las migraciones en la región, tomando en cuenta, particularmente, que el tirano se había lanzado en varios proyectos de promoción de la inmigración caucásica para “blanquear” la raza dominicana.

El desarrollo desigual registrado en los dos territorios ha creado la dinámica binacional de expulsión y atracción.

Contrario a lo que se diga, con relación a una supuesta campaña de denigración o de difamación en contra de la República Dominicana, lo precedido es el origen de la atención especial que dedican los organismos y grupos de derechos humanos al caso dominicano, que ha tenido, lamentablemente, otras etapas de proyección negativa. Entre otros:

• Las condiciones de trabajo de los cortadores de caña asimiladas a la esclavitud moderna en los años ’80. Incluso, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) realizó en esa época una misión cuyas recomendaciones no fueron cabalmente cumplidas por el Estado dominicano;

• El tráfico de personas que termina ocasionalmente en tragedias con la implicación de militares, como fue el sonado caso de “la masacre de Guayubín”, en junio de 2000;

• Las repatriaciones, en las cuales se denuncian violaciones de los derechos humanos. Incluso, el expresidente Jean Betrand Aristide abordó el
tema en la Asamblea de las Naciones Unidas, en septiembre del año 1991;

• Los actos de persecuciones y venganza de que son víctimas, de manera indiscriminada, los haitianos en cualquier comunidad donde se vincula con razón o sin ella a un compatriota en algún crimen;

• Crímenes de tipo xenofóbico, como el de la dominicana Lucrecia Pérez, en Madrid, España (noviembre 1991) en contra de inmigrantes haitianos.
Para citar tan solo dos: Carlos Nerilus (decapitado en Santo Domingo, en mayo 2009), Henri Claude Jean (ahorcado en un parque en Santiago, en febrero 2015);

• La negación del derecho a la nacionalidad a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, que fue llevada a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo cual República Dominicana fue condenada en diciembre de 2005 con carácter vinculante;

• La sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, de septiembre del 2013, que al desnacionalizar a descendientes de inmigrantes en general, pero mayoritariamente haitianos, desde 1929, fue considerado como un genocidio civil que provocó el mayor escándalo internacional en materia de violaciones de los derechos humanos, vinculados a las migraciones en la región desde la masacre de 1937. Por esa razón, nuevamente RD fue sentada en el banco de los acusados. El presidente Danilo Medina, tras recibir una comitiva de los afectados en el Palacio, buscó una salida salomónica que resolvió parcialmente el problema, con la validación de los documentos dominicanos de quienes los poseían.

El PNRE y la apatridia

Consecuentemente a lo anterior, República Dominicana emprendió, sin un acuerdo de cooperación con Haití, un ambicioso plan de regularización migratoria con una importante inversión de más de US$25 millones. El mismo tiene como resultados palpables, para los fines de este análisis, 196,124 haitianos validados, 458,233 inmigrantes estimados por la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) de 2012. De esa cifra, un poco más de 8,000 obtuvieron una residencia temporal. Los demás inscritos tienen un carné con el cual no pueden realizar ningún acto civil, ni siquiera cambiar un cheque.

En ese marco, y por quedar fuera de la ley especial 169-14, evacuada por la Presidencia en medio del acarralado debate sobre migración y nacionalidad que dividió la sociedad dominicana, los dominicanos de nacimiento (antes de la reforma constitucional de 2010) de origen haitiano indocumentados, son referidos a Haití bajo el supuesto de que podrían reclamar su derecho a la nacionalidad en base al jus sanguini, previsto en el artículo 11 de la Constitución haitiana.

En la práctica, resulta técnica y administrativamente imposible, por tratarse de personas de hasta 4 generaciones cuyos progenitores, en muchos casos fallecidos, nacieron también en territorio dominicano, por lo cual no pueden probar el vínculo sanguíneo con Haití, como paso previo al otorgamiento de la nacionalidad. Son apátridas de hecho. Al respecto, se sabe que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR), en Santo Domingo, trabaja sobre un levantamiento de estos casos.

El antihaitianismo

Se trata de un discurso y accionar político que se nutren de hechos históricos descontextualizados y que buscan oponer, para siempre, a dominicanos y haitianos. Se parte del hecho de que los dominicanos se independizaron en 1844 de los haitianos. En ese sentido, obviando los factores socio económicos, la migración laboral es presentada, contrario a la evidente implicación estatal probada arriba, en una invasión pacifica que pone en juego la dominicanidad. Los inmigrantes haitianos son peligrosamente presentados como “enemigos” e “invasores”.

Esa corriente se ha recrudecido durante la campaña electoral de 1994-1996, que terminaría con la derrota de José Francisco Peña Gómez, de origen haitiano, frente a Leonel Fernández, un intelectual que de joven migró a Estados Unidos para sus estudios. Desde entonces, exceptuando los cuatro años del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la alianza sellada entre el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha llevado a puesto de alta responsabilidad pública a representantes de sectores aliados del gobierno, conocidos por su abierto rechazo de la presencia haitiana y toda cooperación con Haití.

Por ende, es evidente una profunda contradicción en la política dominicana frente al vecino y hasta frente a la comunidad internacional, ya que el tema migratorio, al ser considerado como materia de la soberanía nacional, los llamados “nacionalistas” rechazan el arbitraje internacional o propuestas de mediación ante las tensiones o crisis bilaterales resultantes de la problemática migratoria. Llegaron a proponer el retiro de su país de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Progresos alcanzados

Teniendo en cuenta la “presión nacionalista”, con muchos esfuerzos y sabia prudencia, se realiza la articulación de una gestión moderna de la migración en República Dominicana, la cual cuenta con el apoyo técnico y económico de algunos organismos internacionales. En ese marco, las entidades previstas por la Ley de Migración 285-04, tal como el Instituto Nacional de Migración (INM), tienen un mayor protagonismo en la promoción de un nuevo abordaje del fenómeno, que toca por igual a haitianos y dominicanos, si nos basamos en las estadísticas existentes. En este sentido, una de las conclusiones importantes del “Perfil migratorio dominicano”, realizado por el INM, es que por cada tres dominicanos que emigran entra un inmigrante.

Haití como país de emigración

Aunque en Haití, según fuentes gubernamentales, reside un poco más de 40,000 inmigrantes, provenientes principalmente de Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y otros países, la situación de inestabilidad institucional, con la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población, empuja a la emigración. Así, desde el terremoto de 2010, una nueva ruta migratoria se implementó con destino a Brasil, en momentos que ese país estaba inmerso en la construcción de obras deportivas para el mundial de 2014 y las olimpiadas de 2016. Ecuador también recibió su cuota. Sin embargo, Chile ha batido los récords en la región, al recibir en 2016 a 48,783 y en 2017 a 104,782, según datos del PDI (Policía de Investigaciones de Chile).

Esos movimientos que crearon una demanda de vuelos difícil de abastecer en Haiti, han tenido dos efectos en República Dominicana. Por los precios de boletos más económicos, aunque se le sume el pago de la visa dominicana, resulta ventajoso para los viajeros haitianos usar aeropuertos dominicanos, lo cual acrecentó el rol de tránsito que juega el país con beneficios económicos evidentes. Por otro lado, se provocó una salida significativa de haitianos residentes legal o irregularmente en la RD hacia estos destinos. De hecho, los resultados del ENI 2017 reflejan este último efecto al registrar un ligero aumento, extraño para algunos, de 39,592, en relación con la encuesta de 2012, lo cual llevo el número total estimado a 497,825 haitianos en suelo dominicano, por ahora.

A modo de conclusión, los haitianos y sus descendientes forman la comunidad de inmigrantes o de origen extranjero más numerosa de la República Dominicana y son parte de ella. Sus aspiraciones de integración son iguales que los cerca de 2 millones de expatriados dominicanos. Si ayer, sin haitianos no había azúcar, esa realidad no ha cambiado y cubre más áreas.

Hay una deuda social histórica frente a esa comunidad. Ahora que terminó el PNRE, como programa gratuito del gobierno dominicano, debe ser permitido que los interesados, usando los mecanismos de la ley de migración, obtengan un estatus legal como cualquier otro extranjero costeando ese servicio.

Entre tantas tareas pendientes, es imperativo asegurar la buena convivencia entre dominicanos y haitianos. Las instancias correspondientes, a través de grupos focales, los medios de comunicación y las Iglesias deben emprender una campana educativa sobre el tema migratorio en sus diversas aristas.

Es tarea de todos, desde esa tierra hospitalaria, evitar que se opaque la solidaridad histórica entre nuestros dos pueblos, con un discurso odioso que mancha la imagen internacional de la República Dominicana.