La Sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, se convirtió en un grito de alarma desde el mismo momento en que se dio a conocer. Evacuada el 23 de septiembre de 2013, de inmediato pasó a ser una pieza jurídica con un contenido esencial de política migratoria. Las disposiciones
recogidas en esa sentencia fueron tan controversiales que produjeron una verdadera eclosión.

Nunca antes una decisión del país había provocado tantas reacciones. A nivel internacional fue enorme el rechazo que generó la matanza de 20 mil haitianos
propiciada en 1937 por el dictador Trujillo Molina. Ese hecho no tuvo repercusión local porque la tiranía tenía amordazada a la población y las informaciones sobre el tema no circulaban a lo interno. La conmoción de 2013, tanto en lo local como en lo internacional, es lo peor que le ha ocurrido al país en tiempos de paz.

Los integrantes del Tribunal Constitucional, una corte creada en el 2010, con la Sentencia 168-13, les arrebataron de un solo plumazo la nacionalidad dominicana
a unas 250 mil personas, por el solo hecho de ser descendientes de haitianos. Esa acción los convirtió en apátridas; en seres humanos que no pueden estudiar, ni
tener una cédula, ni casarse, ni vivir con los derechos de una persona.

Evolución de la migración haitiana

El inicio de la migración de haitianos, en cantidad considerable hacia territorio dominicano, se remonta a 1918.1 Su entrada al país en cantidades cada vez mayor
inicialmente fue provocada por la demanda de la industria azucarera. Desde entonces su aumento sostenible estuvo matizado por unos braceros que eran traídos de forma legal y otros de manera ilegal; al término de las zafras unos eran devueltos, como constaba en los contratos, pero otros se quedaban. Con esa característica a cuestas el crecimiento de esta población siempre fue proporcional al auge de la industria azucarera local, que oficialmente perteneció en su totalidad al sector privado hasta el año 1961. En este año, con la intención de calmar las protestas, Joaquín Balaguer estatizó los bienes que pertenecían al tirano entre los cuales los ingenios eran un componente importante.

La industria azucarera dominicana no fue afectada por la inestabilidad política que comenzó en 1961 con el ajusticiamiento del tirano y que se extendió hasta el fin de la Guerra de Abril en septiembre de 1965. A partir de 1966, además de la industria azucarera, se dinamizó el sector de la construcción y comenzó a tomar auge una agroindustria que se extendió más allá de la producción azucarera. También despegó el sector turístico. Por barata y por fácil de manipular, cada uno de esos sectores de la economía dominicana creció haciendo uso de la mano de obra haitiana. Por tanto, esos sectores fueron los que estimularon esa inmigración. Por la falta de una voluntad política estatal ese éxodo creció de una manera caótica.

Entre 1978 y 1986 la economía dominicana entró en un mayor dinamismo, sobre todo en los sectores mencionados. Este crecimiento siguió aumentando la demanda de esa mano de obra haitiana por barata y por fácil de manipular. Pero se agregó un factor externo. El derrocamiento en 1986 del dictador haitiano Jean Claude Duvalier trajo una prolongada inestabilidad política a ese país hermano. Ese hecho, unido a la incapacidad que siempre tuvo de generar una mejoría de vida para el pueblo haitiano, se convirtió en un factor de expulsión de la población. Y todavía más, al auge de la migración haitiana se integró el desbordamiento de la corrupción en el control de la frontera.

De 1918 en adelante fue constante el crecimiento de la inmigración haitiana hacia el lado dominicano, hasta 1937. La drástica baja de 52,657 inmigrantes en 1935 a 18,500 en 1938 se debió, sin lugar a dudas, a la matanza de 1937. Ese ritmo se mantuvo prácticamente inalterable en los siguientes 13 años, pues en 1950 el censo registró solo 18,772 inmigrantes haitianos. A finales de los años 40 el tirano comenzó a “comprar” ingenios azucareros. Ya en 1952 tenía unos 11 ingenios.

En ese año Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno haitiano para traer braceros. En 1960 el censo registró 29,350 nacionales haitianos en suelo dominicano.

Desde 1918 hasta el año 2018, justo cien años, los sectores económicos mencionados: agricultura (producción azucarera e industria agrícola en general), construcción y turismo recibieron un volumen incalculable de riqueza. Las recibió solo el sector privado hasta 1961 y se integró el sector público en esa fecha. Se trata de riquezas que se acumularon haciendo uso de la mano de obra haitiana, siempre súper explotada, sobre todo por ilegal. Pero ese aporte de los inmigrantes haitianos a las riquezas de la República Dominicana ni se ha estudiado ni se ha reconocido. Solo se resalta permanentemente una creciente conducta racista y xenofóbica hacia esos inmigrantes.

El doctor Joaquín Balaguer fue uno de los ideólogos del discurso racista y xenófobo durante el trujillismo. Y siempre mantuvo su visión. Este estadista sostuvo que: “Una gran parte de los negros que emigran a Santo Domingo son seres tarados por lacras físicas deprimentes. Pocos de ellos conocen la higiene y su infiltración entre la población nativa ha dado lugar a un descenso del índice sanitario en nuestras zonas rurales”.5 Sin embargo, durante los periodos en que ejerció la presidencia (doce años [1966-1978] y diez años [1986-1996]) no cambió la práctica de traer inmigrantes y hacerse de la vista gorda ante los que entraban ilegalmente al país. Tampoco varió esa práctica en el sector privado.

Situaciones en torno a la inmigración haitiana

La inmigración haitiana hacia suelo dominicano ha acumulado una gran cantidad de situaciones. Algunas de ellas son:

• El vertiginoso desbordamiento del número de haitianos en suelo dominicano sin control de ningún tipo.

• La cantidad de haitianos ilegales en suelo dominicano que han podido realizar el cruce fronterizo gracias a la corrupción administrativa.

• Insistencia de las autoridades por no reconocer la nacionalidad dominicana a los descendientes haitianos. La desnacionalización y conversión en apátridas fue la última de las medidas en esa dirección.

• Un racismo y una xenofobia ascendentes que cobra cada vez más espacio contra los inmigrantes y sus descendientes.

Controversias de la inmigración haitiana

La presencia haitiana en la República Dominicana siempre ha sido vista desde dos ángulos distintos. Una es la visión liberal y abierta. La otra es la visión conservadora y estrecha. Son dos ángulos con puntos de vista totalmente opuestos.

Los que tienen la visión liberal manifiestan preocupación por la cantidad de haitianos ilegales en suelo dominicano. Señalan que el mal ha sido creado por la creciente demanda de la mano de obra haitiana generada por el sector privado y por la administración pública. Resaltan que el componente ilegal de dicha inmigración es alimentado con acciones fraudulentas y prácticas de corrupción de ambos sectores. Esta visión separa la situación de la inmigración haitiana en dos ramificaciones: 1) los inmigrantes que nacieron en Haití y permanecen en territorio dominicano, entre los que hay legales e ilegales; 2) los descendientes de haitianos que son dominicanos; la nacionalidad de una parte de ellos le fue conculcada por la Sentencia 168-13; y el resto nunca ha tenido papeles. La visión liberal sostiene que: a) los inmigrantes haitianos que están en suelo dominicano de manera legal deben ser respetados; los que están de manera ilegal deben acogerse al plan de regularización, y si no, que sean repatriados respetando su condición de seres humanos; b) a los descendientes de haitianos

De 1918 en adelante fue constante el crecimiento de la inmigración haitiana hacia el lado dominicano, hasta 1937.

les sean devueltos sus documentos legales respetando su condición de dominicanos. Los que enarbolan la visión conservadora manifiestan su preocupación por la cantidad de haitianos en suelo dominicano sin importarles las condiciones en que estén. Encubren las causas del problema y plantean soluciones que lesionan los derechos humanos de los inmigrantes y de sus descendientes. Esta visión ha concentrado las razones del problema en el componente de la carencia de documentación que tienen los inmigrantes. Los principales actores de esta visión son, más bien, aliados de quienes han generado y siguen generando el problema. Se refieren a la presencia haitiana de forma generalizada y ni siquiera por asomo reconocen el derecho de los descendientes haitianos que son dominicanos, por haber nacido en la República Dominicana. Demandan que todos los que no tengan documentos, indistintamente, sean repatriados sin importar
si tienen arraigo o no en Haití. Son partidarios de que, si se les entrega la documentación legal a los descendientes, que sea con la condición de extranjeros,
no de dominicanos.

De manera general, las autoridades dominicanas han argumentado que la falta de regularización de los inmigrantes haitianos radica en que tampoco están documentados en su país de origen. La encuesta ENI 2012 derriba ese argumento y expone que: “un 92.6% de la población nacida en Haití en la ENI-2012 afirmó tener un acta de nacimiento haitiana, mientras que el porcentaje para esta categoría en la ENI-2017 es de 93.7%”.6 Si hubiera voluntad, ahí están las bases para resolver el problema.

Reacciones ante la migración haitiana

A lo largo de casi cien años se percibe una debilidad a la hora de enfrentar la problemática de la inmigración. Nunca se ha pensado en el país. A pesar de las
legislaciones, solo se actúa en función de los sectores económicos. Durante los primeros 40 años, quien demandaba la mano de obra haitiana era el sector privado
y los gobiernos le servían de contubernio. En los siguientes sesenta años ha estado integrado el Estado. Entre ambos sectores se percibe una práctica de contubernio sin importar las legislaciones que se han aprobado al respecto.

Una reacción muy conocida del gobierno dominicano, ante la inmigración, fue la matanza en 1937 de 20 mil nacionales haitianos propiciada por el tirano en
Dajabón y en las zonas aledañas. Cuando Jean Bertrán Arístides llegó al poder, en 1991, todavía del lado de la justicia social, alentó las denuncias
de mal trato que se le daba a los haitianos en la República Dominicana. “El 11 de junio de 1991, organizaciones no gubernamentales denunciaron ante la Cámara
de Representantes de Estados Unidos las violaciones de derechos humanos que sufrían los cortadores de caña haitianos, empleados en la República Dominicana, señalando en particular lo que consideraban el régimen de 6 ENI 2017, pág. 37.

trabajo forzado que sufrían los niños haitianos en las plantaciones del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).7 El presidente Balaguer reaccionó con la más contundente de todas las acciones de gobierno dominicano alguno después de la matanza de 1937. Dispuso repatriar hacia Haití a todos los nacionales haitianos menores de 16 años y mayores de 60 años.8 Militarmente fueron deportados los integrantes de las fuerzas laboralmente ya desechadas y también aquellos que estaban por integrarse.

La arbitrariedad con que se ejecutó el decreto tuvo a la orden del día la violación a los derechos humanos. Miles de familias fueron separadas arbitrariamente. Una gran mayoría de niños y ancianos fueron tirados literalmente en el lado haitiano. En total fueron más de cien mil deportados.
Una medida oficial contundente ante el problema de la inmigración fue la promulgación de la Ley 285-15, de agosto 2004, sobre Migración, un instrumento que pudo ayudar, pero su puesta en ejecución también evitó confrontar a los sectores poderosos que se benefician de la población ilegal en el país. Como parte del desdén, el reglamento para que esa ley entrara en vigencia se aprobó siete años después, en el 2011.9

Otro intento de buscar soluciones parciales a la situación fue la Resolución No. 02-2007, de la Junta Central Electoral. La misma establece “la puesta en vigencia del Libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera no Residente en República Dominicana”. Amparados en una ley sin reglamento aprobado, el móvil de esa medida ilegal era negarles la nacionalidad a los descendientes haitianos que nacieran en territorio dominicano.

Después del intento de la Junta Central Electoral, la situación fue enfrentada con mayor profundidad. En el 2010 se aprobó una nueva Constitución dominicana, en la cual se cambió el criterio vigente hasta ese momento de jus solis por el de jus sanguini. Es decir, se eliminó el derecho de nacionalidad por el solo hecho de nacer en suelo dominicano. Solo a partir de ese momento se les podía negar legalmente la nacionalidad a los descendientes de haitianos que nacieran en suelo dominicano después de esa fecha.

Ley 169-14, en las dos dimensiones existentes: los desnacionalizados y los inmigrantes indocumentados. En noviembre de 2017, a cuatro años de la sentencia y a tres años de la ley, el problema persiste. “Reconoci.do explicó que la Dirección Nacional de Migración llama ahora a los desnacionalizados, tres años después de emitida la Ley 169-14, con la que supuestamente se facilitaría su naturalización, a que se acojan a una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04.”11 El grupo dijo que a la fecha solo se les ha devuelto la nacionalidad a 13,495 personas.

El plan de regularización ha sido degradado al vaivén del desinterés gubernamental en resolver los problemas cruciales del país. El Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) da una idea bastante precisa del resultado de la ley. Afirma que: “Reconociendo que ha transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó la implementación de la Ley 169-14, el relativamente bajo número de personas en el grupo A que ha recuperado su documentación de identidad, y que ninguna persona que califica en la categoría grupo B bajo la Ley 169 ha podido tener una solución efectiva de nacionalidad a la fecha, independientemente de si fue registrada o no, todo esto muestra que en definitiva, la ley no ha surtido los efectos esperados”.12

Algunos sectores que gravitan en la vida nacional han comenzado a proponer la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera para detener el flujo de la inmigración haitiana. Esa propuesta subestima la demanda dominicana en los sectores público y privado de mano de obra ilegal; también obvia la corrupción administrativa, factores contra los que no puede ningún muro por alto que sea. Enarbolan sus demandas en nombre de un llamado patriotismo nacionalista y consideran traidores a la patria a todos aquellos que no comparten su punto de vista. Es, por tanto, un nacionalismo que genera racismo y odio. Esa posición, lamentablemente, ha arrastrado a mucha gente noble que se ha adherido a ella por falta de poder distinguir el trasfondo xenófobo y racista.

Franklin Franco13 fue uno de los primeros estudiosos dominicanos que enfrentó el racismo y la xenofobia con un criterio científico. Este autor denuncia la falsedad del origen netamente español del pueblo dominicano. Demuestra que la población de la isla, una vez exterminados los indígenas, siempre fue mayoritariamente de origen africano. Y un país con un componente étnico donde predomina el color negro no puede tener una visión de racista y xenófoba.

A lo largo de casi cien años se percibe una debilidad a la hora de enfrentar la problemática de la inmigración.

millones de dominicanos han tenido que dejar su patria para buscar mejorías económicas en otros países. A los países que llegan esos dominicanos tienen la condición de inmigrantes. Si propiciamos el maltrato a los inmigrantes que llegan a suelo dominicano no tendremos moral para reclamar un trato digno a nuestros nacionales en el extranjero. Por esa razón, somos partidarios de la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de diciembre de 2017, con motivo del Día Internacional de la Convivencia en Paz. La misma plantea que “es una vía para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional con miras a promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad, y expresar su apego al anhelo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la diversidad, a fin de forjar un mundo de paz, solidaridad y armonía.”