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Intercambio de poblaciones: crimen internacional

Los dominicanos debemos cuestionar que siga llamándose migración lo que en realidad constituye un traslado masivo y creciente de población
desde Haití hacia el territorio nacional. Sin dudas, se trata de una retorcida trama que forma parte de los planes internacionales para procurar “una solución dominicana” a los problemas generados por la condición de Estado fallido de Haití. Desafortunadamente, los mismos han avanzado por los graves fallos y debilidades del liderazgo dominicano, sometido a chantajes y presiones de todo tipo. Peor aún, tenemos motivos para sostener que los escenarios exteriores vienen siendo preparados, con el falso expediente de que se cometió “el crimen de desnacionalizar a cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana”, con el objetivo de provocar eventualmente una resistencia insurreccional de haitianos que facilite una acción
internacional decisiva, que torne irreversible esa “solución dominicana”.

Para algunos, como el representante del PNUD enel país, hablar de invasión o de ocupación “no es otra cosa que generar innecesaria alarma social”. Argumentan que no se justifica, en función de las estadísticas disponibles. De este modo solo confirman lo que muchos hemos observado en múltiples ocasiones: desde los organismos internacionales y grupos de la sociedad civil, existe un evidente empeño en que el pueblo dominicano permanezca pasivo y desorientado, con el empleo de todo tipo de maniobras de distracción y engaño.

Solo así puede calificarse la Encuesta Nacional de Migrantes, que consigna con el mayor desenfado un incremento de la presencia haitiana de apenas 50 mil en el último lustro. Millones de dominicanos son testigos cotidianos de todo lo contrario: un éxodo masivo, agresivo, desbordado, con fines de permanencia, estimulado por redes de apoyo muy bien financiadas, que aprovecha la porosidad de esa peligrosa estructura de corrupción trasnacional, que es la frontera dominico haitiana. También son testigos del proceso de su propio desplazamiento que se está verificando en todos los
órdenes, y padecen la triste experiencia de ser discriminados en su propio país.

Contra República Dominicana se está cometiendo un crimen internacional de alta inteligencia y ejecución continua, que califica para ser incluido como un capítulo prominente en la historia universal de la infamia. Ese crimen viene ejecutándose, encubierto por una conspiración de silencio, con el descarado empleo de recursos blandos y duros de poder, incluida la manipulación de encuestas y estadísticas, la mistificación dulcificada del lenguaje para enmascarar duras realidades, así como el cambio inducido de las percepciones sociales y de los contenidos de la historia impartida en
el sistema educativo.

Lo grave es que los organismos internacionales, en especial, el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de DDHH, están sirviendo de instrumentos, desde hace mucho tiempo, a grupos de poder e influencia en los Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente, para imponer un esquema perverso de relaciones a las dos naciones que coexisten en condiciones cada vez más difíciles en la Isla de Santo Domingo.
Pero lo peor es que ese esquema de relaciones lejos de contribuir a superar los agudos problemas estructurales de Haití, los agrava, a la vez que desestabiliza a República Dominicana y perjudica a los dominicanos más humildes.

Existe un cargo de conciencia pesado y perturbador, tanto en Occidente como en América Latina, por una larga historia de exclusión punitiva, de indiferencia irresponsable, de intervenciones destructivas, que han acompañado a Haití desde su independencia. Sin embargo, pretender reparar los daños provocados por tantos pecados y fracasos colectivos, a expensas de los derechos de la nación dominicana a su propio desarrollo, su soberanía y autodeterminación, su integridad territorial y su identidad nacional, constituye una gran iniquidad, la quintaesencia de la maldad política.

El pueblo dominicano, más que ningún otro en el mundo, desea fervientemente una solución justa a los problemas de Haití en Haití, pero nunca aceptará el abuso que viene cometiéndose en su contra. Por más que encuentren autoridades civiles y militares, empresarios y sindicalistas, intelectuales y religiosos, siempre dispuestos a complacer las agendas de los organismos internacionales y poderes extranjeros –por temor, favor
o inconsciencia–, no deben dudar que el pueblo dominicano sabrá levantarse y resistir esa ignominia.

Mission to Haití

Algunos eventos y procesos decisivos –poco conocidos y analizados–, están en el origen de nuestras denuncias y reclamos, que solo buscan alertar, no alarmar; provocar reacciones responsables, no histeria xenofóbica. Los problemas no dejan de existir encubriéndolos o porque cerremos nuestros ojos ante ellos. Sabemos que no faltará al chantaje de siempre: cuando el pueblo dominicano, que se muestra inquieto, perplejo o confundido acerca de lo que en verdad acontece, reaccione sublevándose –porque, después de todo, ningún pueblo está en condiciones de entender que la mayoría de sus
dirigentes lo pueden entregar y que los organismos internacionales pueden ser convertidos en instrumentos aquellos que por distintos motivos han impulsado un proyecto antihistórico, de una irresponsabilidad criminal, de una impostura sin precedentes. Nunca, en los que lo hemos denunciado y combatido.

Contra República Dominicana se está cometiendo un crimen internacional de alta inteligencia y ejecución continua.

Aunque este drama insular tiene una historia de siglos, a los fines de este análisis es necesario partir de un documento de las propias Naciones Unidas: en su primer informe Mission to Haiti, sobre la realidad haitiana de Junio de 1949, se formuló una recomendación a los gobiernos haitianos que constituye la clave para entender mucho de lo que ha venido aconteciendo.

Esta conclusión sostenía: “(V) Impresionados por el hecho de que la perspectiva de Haití en los años que vienen es la continua, implacable presión de una población constantemente creciente sobre los limitados recursos naturales –y que desarrollar la producción de esos recursos, primero para alcanzar y luego para sustancialmente sobrepasar el crecimiento poblacional, es un proceso que necesariamente tomará un tiempo considerable, incluso en las más favorables circunstancias– la Misión recomienda que se considere seriamente la posibilidad de fomentar la emigración como una manera de aliviar la aguda presión poblacional. Existen en el ámbito general del Caribe países escasamente poblados –cuya población es en gran parte de la misma estirpe de la de Haití– los cuales han hecho de conocimiento su disposición y deseo de recibir inmigrantes para ayudar a desarrollar sus recursos naturales. La emigración desde Haití debe preferiblemente adoptar la forma de mover unidades familiares enteras de áreas agrícolas sobrepobladas para el asentamiento permanente en el país de inmigración, en contraste a la emigración principalmente estacional o temporal que ha tenido lugar en el pasado. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo tienen al mando instalaciones para la prestación de asistencia técnica y asesoramiento sobre la aplicación de la política aquí recomendada”.

¿Qué ha sucedido desde 1949 al presente?

No hay que hacer gran esfuerzo para constatar que, en las últimas siete décadas, la situación antes descrita sobre Haití ha venido agravándose a niveles increíbles. Es por eso que desde que se creó el índice de estados fallidos del mundo, por parte del Centro Carnegie para la Paz Internacional, ese país emblemático fue clasificado consistentemente dentro de los primeros diez lugares. Zona de desastre ecológico y sanitario, almacén y refugio de narcos, economía deshecha o encanallada, recurrentes crisis de gobernabilidad, dentro de una alta polarización social con violencia irracional… la lista de horrores es abrumadora.

“La solución dominicana”…desastre insular asegurado

Sin embargo, los actores decisivos en Comunidad Internacional, que han evidenciado gran desconfianza en que los haitianos puedan tomar las riendas de su desdichada nación, tampoco han asumido nunca con seriedad y consecuencia la tarea de reconstruir las bases nacionales de Haití, destruidas mucho antes del terremoto de 2010. El balance de la acción internacional es claro y frustrante: 1ro) Evitar a toda costa que el éxodo de haitianos empobrecidos tome la ruta del mar hacia los EUA, los territorios franceses de ultramar, los dominios británicos en el Caribe y las pequeñas naciones del Caricon. 2do) Mantener un orden público mínimo en Haití, que permita el funcionamiento precario de unos gobiernos inoperantes, elegidos en procesos electorales con muchas debilidades, pero que proyecten la apariencia de un orden democrático en formación. Las valientes denuncias hechas por Ricardo Ceintenfus sobre la manipulación de los procesos electorales en Haití por parte de lo que llamó el Tridente Imperial y los organismos Internacionales, no dejan dudas sobre la falta de voluntad de construir instituciones democráticas funcionales Tampoco, ha existido un compromiso auténtico con un plan de reconstrucción nacional, ni siquiera después del devastador sismo del 2010, en gran modo por la actitud predominante en las clases dirigentes de Haití, que actúan bajo el predicamento del que todo se le debe y que no tienen nada que perder.

Irónicamente, el gran negocio de muchos ha sido explotar, en contubernio con cientos de ONGs extranjeras y con la complicidad o indiferencia de los organismos internacionales, la rica mina de la indigencia y la mendicidad haitianas. 3ro) Presionar, condicionar e imponer a República Dominicana que asuma el rol de Estado pivote y zona de amortiguamiento de esa crisis internacional, dentro del enfoque plasmado en el informe de 1949 y en violación a los principios más elementales del derecho internacional. Propiamente, ese esquema empezó a implantarse al finalizar la guerra fría, cuando tomó fuerza la idea de un nuevo orden mundial, bajo la égida de unos Estado Unidos imbuidos de la misión de corregir injusticias de la historia y la geopolítica, siempre listos a combatir a “los malos del mundo” con “intervenciones humanitarias o guerras preventivas”.

En la isla de Santo Domingo, la acción de la comunidad internacional fue intensa, aplastante, traumática: después de la caída de la dictadura de los Duvalier, valiéndose de campañas de desprestigio muy agresivas, República Dominicana fue aceptada en 1989 dentro de la Convención de Lomé, con la condición de que lo hiciera en forma conjunta con Haití, que vivía entonces momentos de mucha inestabilidad. Se trataba de instrumentalizar
los esquemas de integración comercial y cooperación –lo que se repetiría con otra variante en el 2002 con el DR-CAFTA– sin tomar en cuenta los
obstáculos derivados tanto de las asimetrías como de las limitaciones y disfuncionalidades existentes en ambas naciones.

Pronto se vio que, lejos de favorecer la convivencia la problematizaron, como cabía esperar en una relación entre un Estado fallido y un Estado débil:
la elección de un líder mesiánico radical como Presidente de Haití terminó en una confrontación con República Dominicana, que fue acusada ante la Asamblea General de la ONU por el propio Aristide, de fomentar la esclavitud y los malos tratos a los haitianos. Esto fue respondido con un decreto de deportaciones de decenas de miles de braceros y sus familias, que a su vez provocó un llamado del presidente haitiano a sus Fuerzas Armadas a marchar a la frontera para enfrentar la acción dominicana, lo que precipitó su caída. El resultado fue el derrocamiento violento del presidente Aristide, quien tenía y tiene grandes adversarios internos y externos, dando inicio a un nuevo ciclo de terribles confrontaciones y destrucción de éxodo masivo, duras sanciones, aislamiento y exclusión.

Los dominicanos observamos cómo, con gran cinismo e hipocresía, invocando principios universales, la comunidad internacional, liderada por el presidente Clinton, dispuso un embargo draconiano a la nación más pobre y vulnerable del continente, que en realidad tenía mucho de cordón sanitario. Se trató de un absurdo empeño de restaurar en el gobierno al presidente Aristide, quien fue derrocado con el beneplácito, por lo menos, de la administración Bush, después de exhibir una incomparable capacidad de represión sangrienta de sus temibles adversarios. Las duras sanciones internacionales a la Junta Militar encabezada por Rauol Cedras, dictadas entre 1992 y 1994 –que aparentemente procuraban poner fin a “un gobierno sanguinario“ y restaurar la democracia encarnada por el turbulento Aristide–, provocaron daños considerables a Haití.

Sin embargo, para República Dominicano fue una prueba inequívoca de que la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, Francia y Canadá, procuraban otra cosa: cuando el presidente Joaquín Balaguer denunció formalmente en un discurso de rendición de cuentas, “que Francia y otras potencias se habían propuesto la fusión de la Isla”, muchos entendieron que se trataba de un ardid electoral, y no la aplicación de un plan de reordenamiento geopolítico, que partía de la premisa de que Haití era un Estado fallido y que resultaba más económico y expedito gestionar esa crisis con el involucramiento de República Dominicana. En efecto, la administración Clinton, en 1993, presionó fuertemente al gobierno dominicano y a sus Fuerzas Armadas para que aplicara rígidamente las sanciones a Haití dispuestas por la ONU, a pesar de que podían provocar un colapso total de ese país y una crisis de refugiados de envergadura. Unos años después, el presidente Balaguer nos confió que esa era una de sus mayores preocupaciones,
por lo que en los hechos dispuso una aplicación flexible de las mismas en la frontera.

También, el gobierno dominicano tuvo que resistir las presiones norteamericanas para la apertura de veinte campamentos de refugiados en el territorio nacional, que implicaba poner en vigencia el Plan Éxodo, diseñado por las FFAA dominicanas, a instancias del Comando Sur. Esta información la recibimos en Unión Nacionalista, organización patriótica que asumió en esa coyuntura un rol fundamental en la defensa de la soberanía nacional, precisamente de un alto cargo de los organismos del sistema de Naciones Unidas en el país, que, indignado por la manipulación de la crisis, nos instaba a “no ceder a esas presiones” para evitar daños irreversibles al país. Ese dato lo confirmamos con autoridades del gobierno y lo denunciamos sistemáticamente en territorio dominicano y en el exterior.

En enero de 1994, durante una visita que realizamos al Departamento de Estado, confirmamos la importancia estratégica que los Estados Unidos le asignan a República Dominicana para la gestión de la crisis haitiana. Posteriormente, en múltiples eventos nos quedó claro que los norteamericanos tenían como alta prioridad, comprometer por diferentes medios a las clases dirigentes dominicanas en ese esquema de relaciones que denunciamos y que resulta el menos apropiado para una solución racional y justa que garantice la convivencia pacífica de las dos naciones.

Esa crisis internacional gravitó de tal modo en el proceso político dominicano, que el presidente Balaguer fue castigado por los poderes foráneos con un recorte de su mandato después de ser proclamado por la Asamblea Nacional. Se le hizo saber que ese virtual golpe constitucional se debió a su actitud refractaria ante los planes de EUA y los organismos internacionales en la isla de Santo Domingo. Más aún, se aprovechó el periodo de transición de 1996 para forzar a un gobierno dominicano disminuido y cuestionado a suscribir acuerdos que sometían su política de migración a las decisiones de la comisión mixta binacional, en abierta violación a la Constitución de la República y soslayando por completo el Convenio de Washington de 1938 y el Modus Operandi de 1939, únicos instrumentos internacionales vigentes para normar las relaciones dominico-haitianas. De paso, también se aprovechó esa coyuntura para imponer un lesivo acuerdo de límites marítimos con el Reino Unido, que implicaba una enajenación de más de 30 mil km2 en favor de esa potencia europea, que afortunadamente fue rechazado por el Congreso en 1997.

Esa línea de manipulación e injerencia, violatoria de la legalidad internacional, continuaría durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando la Unión Europea y los Estados Unidos presionaron al gobierno dominicano, en marzo de 1997, a paralizar las deportaciones de nacionales haitianos, que se ejecutaban como respuesta a un súbito incremento de los flujos migratorios, mediante amenazas de suspender los programas de cooperación. Al protestar ante Martino Meloni, director de Lomé lV, en Bruselas, y reclamarle una explicación en relación a esa inaceptable amenaza, nos admitió que ellos no podían permitir las repatriaciones, porque Haití se desestabilizaría, y que exigían que los problemas de migración se trataran dentro de la comisión mixta binacional, no en forma unilateral y como parte de un ejercicio regular de la soberanía del Estado. Es por eso que el anteproyecto de Ley de Migración, elaborado con la asesoría de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), fue engavetado en 1997 en el escritorio del canciller Eduardo Latorre por dos años, para darle preferencia a la discusión de unos acuerdos mostrencos e inútiles, que nunca se enviaron a los congresos de ambos países, y todo para complacer las exigencias de la “comunidad internacional”

Cuando la desesperación y el hambre se apoderan de una ciudadanía, nada ni nadie va a evitar que busque fuera las soluciones que no encuentra en su tierra.

 

Haitianos aquí, dominicanos fuera

Cómo los poderes extranjeros comprometidos con la criminal “solución dominicana“ a los problemas haitianos, están conscientes de que sobre la República Dominicana y su pueblo se coloca una carga excesiva, que podría provocar un descalabro descomunal, desde hace tiempo vienen ejecutando una política de intercambio de poblaciones de claro corte racista y neocolonialista: el informe prejuiciado que rindió una Comisión del Parlamento Europeo que visitó Haití y República Dominicana, en 1999, es más que elocuente. En la parte final del informe, bajo el epígrafe “Haití, la República Dominicana y los problemas demográficos que afectan a ambos Estados” puede leerse : “La historia de Haití y de la República Dominicana se caracteriza por una serie de conflictos, guerras y movimientos migratorios. En el subconsciente de los dos pueblos, el resentimiento está fuertemente arraigado.

Los dominicanos consideran que los habitantes de Haití son de color, mientras que ellos se consideran a sí mismo blancos. Haití ejerce una importante presión demográfica sobre República Dominicana. La elevada cifra de trabajadores ilegales representa un potencial de problemas muy importantes entre estos dos países. La inestable situación jurídica en la que se encuentran estas personas, junto con el resentimiento histórico
al que se ha hecho referencia anteriormente, puede generar importantes problemas políticos. En parte, los gobiernos están conscientes de esta peligrosa situación, pero, no obstante, aún no han adoptado medidas adecuadas para prevenir un conflicto.

En ese contexto, la delegación de los diputados europeos insta enérgicamente a desactivar este potencial conflicto con medidas de carácter preventivo… En concreto, el objetivo sería elaborar un estatuto jurídico para los trabajadores y trabajadoras residentes en la República Dominicana originarios de Haití, algunos de los cuales nacieron en ese país y han crecido allí sin tener ningún tipo de derechos, para vincularlos a República Dominicana o a Haití, y garantizar su equiparación desde el punto de vista jurídico a los demás grupos étnicos.

Asimismo, la República Dominicana debería estudiar la posibilidad de adoptar otros movimientos migratorios desde su país dirigiéndolos, por ejemplo, a España y sacar las conclusiones sociopolíticas al respecto. La Comisión de Desarrollo y Cooperación (Del Parlamento Europeo) está
dispuesta a ayudar en ese contexto” Esa propuesta insólita –que fue cuestionada enérgicamente por muchos sectores–, esbozó lo que con el tiempo sería una política oficiosa –como muchas otras que su malevolencia e ilicitud intrínsecas no pueden ser plasmadas en acuerdos formales y honrados–, que ha venido estimulando el éxodo de nuestros recursos humanos mejor formados hacia los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, con generosos programas de visas permanentes.

El Embajador Wally Brewster se despidió de los dominicanos, en el 2016, con el anuncio de que solo México, con una población 12 veces mayor, superaba a República Dominicana como país con más visados permanentes concedidos. Lo más grave es que lo dijo entusiasmado, ante un público del alto empresariado que le aplaudía al escuchar “esa gran noticia”, cuando en realidad se trataba de un ataque a la integridad demográfica de la República y a sus posibilidades de desarrollo. ¿Cómo podrá República Dominicana salir adelante con un proyecto nacional fuerte e integrador, si cada año emigran al exterior, para no volver, entre 80 y 100 mil dominicanos con calificación laboral? ¿Es aceptable el argumento de que los dominicanos debemos darnos por satisfechos porque hay más compatriotas en el exterior que haitianos en el país, cuando en buena medida esos flujos migratorios están siendo manipulados para que sean válvulas de escape, dentro de ese plan de borrar fronteras e identidades nacionales en la isla, que los poderosos de la tierra entienden que no tienen razón de existir? Para esa mismas fechas en que la Comisión del Parlamento Europeo emitía el informe antes señalado, el asedio contra República Dominicana llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue sentada en el banquillo de los acusados por la Comisión, por ser “el Apartheid del Caribe”, al que había que arrancarle en virtud de una actio popularis la capacidad de repatriar a cualquier nacional haitiano, independientemente de su estatus legal o ilegal.

Ese ataque infame no prosperó en ese momento, pero con el dictamen del juez presidente Cansado Trindade, se preparaba el terreno para emitir ulteriormente una serie de fallos de la CIDH, que pretenden conculcar el derecho del Estado dominicano a definir quiénes son sus nacionales, obligarlo a deshacer las decisiones de sus poderes públicos en materia de nacionalidad y migración, bajo amenaza de sanciones económicas,
al tiempo que conforme nos acercamos al año 2022, bicentenario de la primera ocupación haitiana –para Haití fue unificación–, se avanza a toda marcha hacia una nueva ocupación plena de la isla, rematada con la imposición de una minoría nacional.

Pelegrín Castillo
Pelegrín Castillo
Doctor en Derecho. Ex diputado ante el Congreso de la República. Ex ministro de Energía y Minas. Dirigente político.

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