La problemática de la inmigración se nos ha colado en la actualidad diaria casi sin darnos cuenta. Basta con acceder a nuestros medios de comunicación un día al azar o pulsar cualquiera de las redes sociales para ver que se ha convertido en tema de investigación, preocupación o simplemente de conversación con una trascendencia rayana en lo vital. La dimensión que ha alcanzado es tal que ha desembarcado en el debate político y electoral en casi todos los países del mundo. En alguno de ellos, surgen ideas enloquecidas, como la de construir muros de miles de kilómetros para frenar la inmigración. En Europa, por ejemplo,
está ya amenazando al equilibrio de gobiernos, entre los cuales se encuentra alguno de los más significativos y tradicionalmente más estables del Viejo Continente.

Lo peor es que este tipo de propuestas está consiguiendo cada vez más votos. Se puede asegurar que la inmigración es consecuencia de la globalización, que se puso en marcha cuando España y Portugal se lanzaron al descubrimiento del planeta a fines del siglo XV. Anteriormente, se producían desplazamientos humanos, está claro, y sin ellos no se podría explicar, por ejemplo, el poblamiento de América a partir de Asia. Aparte del esfuerzo físico y de los peligros que enfrentaban, aquellos movimientos no se toparon con fronteras, que no aparecieron sino hasta la fundación del Imperio romano y, con más fuerza,
tras la era de los descubrimientos. Desde entonces, los movimientos masivos de población se fueron complicando por el efecto que tienen sobre el equilibrio
económico y social de las naciones soberanas, puesto que implica a diferentes estructuras estatales: organización, gobierno, economía y normas legales, propias
de cada uno de los países.

En nuestros días, la forma en que cada uno de estos países reacciona ante este fenómeno depende mucho de la incidencia que la inmigración tiene en el respectivo ámbito nacional. Por ejemplo, en Portugal, siendo una cuestión con gran trascendencia, así como tema permanente en las páginas de los periódicos o en los noticieros televisivos o radiofónicos, no es lo mismo que en Alemania. En este último país, el fenómeno es directamente responsable del alza de un nuevo partido, Alternativa por Alemania (ApA), situado ideológicamente a la derecha de los democristianos, actualmente en el poder en coalición con los socialdemócratas.

La presencia de ese nuevo grupo político en el Bundestag ha desestabilizado la hasta ahora muy sólida política alemana y ha obligado a crear una gran coalición entre los dos partidos que habitualmente han sido rivales políticos. Lo peor es que las expectativas de crecimiento electoral de ApA son grandes, gracias en buena parte a la torpe política inmigratoria aplicada hasta el presente por el gobierno federal.

A todo ello, se une una natalidad catastróficamente baja en la gran mayoría de los países europeos, incluyendo tanto a los de la Europa Oriental como a los de
la Occidental. Los gobiernos, con la notable excepción de Francia, han olvidado, por así decir, la aplicación de políticas de apoyo a la familia con el resultado que
hoy vemos: en Grecia, sólo 8 nacimientos por 1000 habitantes; en Alemania, 9/1000, al igual que en Italia, Hungría, Portugal o España, frente a los 12/1000 de Francia. A muchos políticos, siempre ofuscados por el cortoplacismo –no olvidemos que tienen que presentar resultados cada cuatro años–, se les ha ocurrido la peregrina idea de sustituir la falta de nuevos griegos, alemanes, italianos, húngaros, portugueses o españoles por inmigrantes. Pero no inmigrantes de la misma cultura. Los que están al asalto de las fronteras europeas son fundamentalmente musulmanes de diversas procedencias, unas poblaciones que difícilmente se mezclan ni se integran con las europeas. Hay innumerables ejemplos en Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania o Países Bajos.

En pocas palabras, el conjunto de Europa está afectado por una tensión migratoria procedente de África del Norte y de los países del Sahel. En el caso de Alemania, además, la presión procede del Oriente Medio, incluyendo Turquía. Más o menos, los ciudadanos europeos tenemos una idea de cómo se generan las oleadas de inmigración, si bien no es la única zona del planeta afectada. Citemos por ejemplo los movimientos poblacionales entre los países que forman Indochina o los casos que se dan en América: México-Estados Unidos; Nicaragua-Costa Rica; Haití-República Dominicana. Resumiendo, mucho, sus causas se originan por lo general en áreas limítrofes afectadas por diversas complicaciones: incapacidad económica para producir riqueza (Nicaragua); diferencia abisal de renta per cápita entre vecinos (México-Estados Unidos); por la anarquía que sufre un territorio ante una situación de desorden generalizado (Siria); una suma de todas (Haití); o, en las situaciones más graves, por un conflicto bélico casi siempre de naturaleza civil (Irak o Siria). Excuso subrayar que estos masivos movimientos centrífugos no se producen por gusto de los protagonistas: a nadie le gusta abandonar su casa, su familia o sus próximos.

Se podría hablar de catástrofe humanitaria, tanto para los países de procedencia como para los de destino, sobre todo para estos. La multitudinaria y rápida llegada de poblaciones extranjeras a Estados Unidos, República Dominicana o Europa puede afectar seriamente a los sistemas de vida y de organización política de estos países. A medida que lleguen más y más inmigrantes, los ciudadanos estadounidenses, europeos o dominicanos reaccionarán en las urnas ante la amenaza que supondrán esos cientos de miles de refugiados para sus niveles de vida, su estabilidad social, sus puestos de trabajo, su seguridad o sus esperanzas de prosperidad. De modo inevitable, las opciones políticas más xenófobas y excluyentes van a verse favorecidas en las elecciones.

El caso de dos países que comparten una isla, la Española, es singular. Haití y la República Dominicana son dos realidades que he tenido la oportunidad de conocer en profundidad. Y esto no ha sido nada fácil, por cierto, porque una de las cosas que más llama la atención es que en la República Dominicana no se habla prácticamente de Haití, es un país olímpicamente ignorado. Lo mismo que sucede, pero viceversa, al otro lado de la frontera. Es como si no existieran el uno para el otro. Y, sin embargo, centenares de miles de haitianos viven y trabajan en la República Dominicana o incidentes entre ciudadanos de uno y otro lado se producen casi a diario, en la frontera o en el interior, objeto, eso sí, de la atención de los medios de comunicación. Pero eso es todo. Poco o nada se habla de la problemática alrededor de su vecindad, lo que es sorprendente desde el punto de vista foráneo.

Cuando la desesperación y el hambre se apoderan de una ciudadanía, nada ni nadie va a evitar que busque fuera las soluciones que no encuentra en su tierra.

Con todo, ambos están en la misma isla, comparten una buena parte de su historia y, desde luego, toda su prehistoria. Pero, sobre todo, un alto porcentaje de haitianos residen al otro lado de la frontera. Con diferencia, lo que llama más la atención del observador es que Haití debería constituir, por esa enorme presencia y por sus pésimas condiciones de desarrollo, una preocupación de índole extraordinaria y casi permanente para la República Dominicana. Pero es todo lo contrario. Aun así, ha habido decisiones institucionales adoptadas en Santo Domingo que han irritado profundamente al gobierno de Puerto Príncipe.

En efecto, con motivo de la sentencia 168/2013, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, este Estado procederá a retirar la nacionalidad a todos los nacidos en territorio dominicano que hayan estado en situación de indocumentación. Esta sentencia tiene la particularidad de que, contrariamente a los más básicos principios del Derecho, retrotraerá su aplicación al año 1929. Es decir, el Estado dominicano retirará la nacionalidad a cuatro generaciones de personas que durante ocho décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la Constitución y de las leyes vigentes en aquel entonces. Prácticamente, el cien por cien de los ciudadanos afectados es de origen haitiano, lo que ha hecho pensar a muchos observadores internacionales que esta sentencia ha sido diseñada con ese propósito particular. Y, en ese sentido, ha sido calificada de injusta y xenófoba, no solo por las autoridades, partidos políticos y opinión pública haitianos, sino por multitud de organizaciones internacionales y no gubernamentales.

Es lógico porque, al aplicar esta sentencia, un sinnúmero de personas entraría automáticamente en situación de apatridia, ciudadanos que, por otro lado, han perdido todo vínculo familiar o afectivo con su país de origen. Lo que se desprende de la actitud transmitida por el Tribunal Constitucional dominicano a través de la sentencia 168/2013, es un cierto rechazo a la vecindad haitiana, consecuencia de muchos años de vivir de espaldas. Por ello, para comprender mejor lo que ocurre entre ambos países y pueblos, es aconsejable hacer un breve y rápido repaso a su historia común, algo, por cierto, siempre muy recomendable.

La Española fue dividida en dos porciones mediante el Tratado de Ryswick, de 1697, que puso fin a la llamada Guerra de la Liga de Augsburgo o de los Nueve Años. A cambio de la entrega de lo que hoy es Haití a Francia, España obtuvo la devolución de la parte de Cataluña que había sido ocupada por tropas francesas, así como la de las plazas de Charleroy, Luxemburgo o Courtrai. De hecho y con todo, no hay que olvidar que Francia, de alguna manera, ocupaba informalmente la costa norte de lo que hoy es Haití por medio de sus piratas y corsarios que, con antelación, se habían enseñoreado de la isla de la Tortuga, también al norte. Es a partir de 1697 cuando este dominio de Francia pasó a ser reconocido por España e internacionalmente.

A lo largo del siglo XVIII, Haití se convirtió en la colonia más rica y rentable de Francia. Saint Domingue, como la llamaban los franceses, llegó a producir el 50%
de lo que Francia obtenía de ultramar. Pero el Haití francés no fue una gobernación, una capitanía general o un virreinato al estilo inclusivo de los territorios de
la Corona de España en América. Lo que allí crearon los franceses fue puramente una gran plantación a la que fueron llevando cientos de miles de africanos durante todo el siglo XVIII. Según se dice, el nivel de explotación que sufrieron aquellos africanos fue tan intenso que la media de supervivencia era de solo siete años.

Con la influencia de la Revolución francesa, a partir de 1789, y la caída de la monarquía en 1793, fuertes vientos de descontento se fueron adueñando de la maltratada población esclava de Saint-Domingue. El clamor de la protesta fue incrementándose hasta que la rebelión fue generalizada. Aquello no fue, sin embargo, un proceso emancipador como el ocurrido en la Gran Colombia o en Argentina o Perú o Estados Unidos. En Haití, lo que se produjo fue una lucha de los esclavos por su liberación contra la opresión inhumana de los amos franceses. El resultado fue que, a pesar de los esfuerzos de Napoleón por controlarla, la protesta triunfó a finales de 1803 y fue ya comenzado el 1804 cuando, a ejemplo de Estados Unidos, los esclavos triunfantes declararon la independencia
de Haití.

Desde entonces, Haití ha vivido una historia propia, atroz en buena medida, en la que las constantes disputas de unos contra otros, la inestabilidad política permanente y los problemas económicos y sociales han sido la norma. Esta realidad histórica es la que, en gran parte, determina lo que hoy es Haití: uno
de los países más pobres del planeta. Haití es un pequeño territorio que alberga hoy a unos 12 millones de habitantes y tiene una densidad de población de casi 430 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuenta con una tasa de natalidad muy elevada, del 34 por mil, con una media de cinco hijos por mujer.

La esperanza de vida es de solo 52 años. El nivel de analfabetismo está en el 52%. El 80% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, comparado con el 21%
de la República Dominicana. Si todo esto lo unimos al uso masivo del carbón vegetal para cocinar, nos explicamos uno de sus mayores problemas: la deforestación, así como el corrimiento y empobrecimiento de las tierras por causa de las lluvias, muchas veces torrenciales. Por su parte, las cifras del comercio haitiano-dominicano son contundentes. Así, en 2017, las exportaciones dominicanas a Haití totalizaron 852,53 millones de dólares; mientras que las exportaciones haitianas a la República Dominicana sólo alcanzaron los 36,31 millones de dólares. La diferencia es abismal. A ello se une el contraste entre ambas rentas per cápita, la mayor entre países fronterizos tras la que separa a España de Marruecos. En 2017, Haití tenía 678 dólares de ingreso per cápita, mientras que el de la República Dominicana ascendió a 6.258 dólares, casi una diferencia de diez a uno. Con respecto a hace diez años, la República Dominicana
lo ha duplicado, mientras que Haití ha pasado de 449 dólares en 2007 a los actuales 678.

Son cifras que, por sí solas y dadas las enormes diferencias, demuestran que un tratado de libre comercio, como algunos han propuesto como solución, no serviría de mucho para empujar el desarrollo de Haití. A ello se une un turismo que es puramente simbólico. Como colofón, la economía haitiana se mantiene gracias al aporte de la comunidad internacional. De tal modo que el 65% del gasto público corriente lo constituyen las aportaciones internacionales, a lo que se añade un 25% procedente de las remesas: prácticamente cuatro millones de haitianos viven en el extranjero.

Por lo que respecta a su estructura política, al caer la dictadura de los Duvalier, Haití se dio una Constitución (1987) que fraccionaba tanto el poder, con el objeto
de ahuyentar cualquier tentación dictatorial, que, en realidad, es difícil saber quién desempeña el poder. Los constituyentes optaron por un sistema que no es
presidencialista, tampoco es parlamentario, pero ni siquiera es semipresidencialista ni semiparlamentario.  Es esa indefinición la que consagra una inestabilidad
política permanente.

Estas dificultades políticas y económicas, así como su incontrovertible realidad histórica, hacen de Haití un país desestructurado y débil, incapaz de ofrecer a su
población las necesarias oportunidades para prosperar. Incluso, se puede decir que los problemas que Haití ha ido acumulando a lo largo del tiempo han alcanzado hoy en día una dimensión colosal. Si a eso unimos que su único vecino es la República Dominicana, con quien mantiene, en esta última década, una diferencia de renta per cápita de diez a uno, el esquema de relación humano e interestatal está servido.

Todo ello se traduce, como no podría ser de otro modo, en un constante flujo migratorio desde Haití hacia la República Dominicana, un fenómeno claramente
susceptible de incrementarse en los próximos años, como consecuencia del descontrolado crecimiento vegetativo haitiano, así como por las escasas oportunidades que ofrece. Del lado dominicano de la frontera, cada vez se alzan más voces pidiendo soluciones, algunas de ellas copiadas, como la que sugiere levantar un muro a lo largo de la frontera. Pero hay que ser realistas: un muro no va a impedir nada, como no lo evitó la gran 11

Inmigración: subdesarrollo e inestabilidad política. El caso de Haití muralla china frente a las sucesivas oleadas de los mongoles. Cuando la desesperación y el hambre se apoderan de una ciudadanía, nada ni nadie va a evitar que busque fuera las soluciones que no encuentra en su tierra.

Cinturón de prosperidad

La realidad es tan dura que haitianos y dominicanos están obligados a ser clarividentes. Es decir, tienen que poner mucha imaginación y también aportar mucha generosidad. Una de las acciones que están al alcance de la mano de ambos es la de crear lo que se podría denominar “un cinturón de prosperidad” a uno y otro lado de la frontera. Esto significa crear las condiciones adecuadas al este y al oeste para fomentar la inversión productiva. Solo la inversión, y con ella el fomento de la actividad productiva, podrá ayudar a Haití a salir del marasmo socioeconómico en que se encuentra, y a la República Dominicana liberarla de que siga siendo el destino predilecto de los haitianos que buscan mejores condiciones de vida que las que les ofrece su país.

Para llevar a cabo este cinturón productivo es evidente que los dos gobiernos se tendrán que poner de acuerdo sobre la filosofía concreta del proyecto y sobre los puntos del territorio de cada país donde favorecer la inversión, ya sea de tipo industrial, agroindustrial, agrícola o incluso turística. No hay que descartar el turismo, porque se trata de una actividad gran generadora de empleo, además de fomentar la instalación de negocios paralelos, por ejemplo, en las zonas lindando con la costa, al norte y sur de la isla, en los lados haitiano y dominicano. Para favorecer este tipo de inversiones, habrá que aportar terrenos estatales o municipales en donde instalar a las empresas; ofrecer ayudas fiscales a los que vayan a emprender un negocio en la zona o franja delimitada, al este y al oeste de la frontera, así como instaurar una autoridad única que concentre el poder de decisión a la hora de facilitar el establecimiento de empresas.

El plan deberá contar con la comunidad internacional y, particularmente, con las instituciones capaces de financiar un proyecto como este. Pienso, en particular, en la Unión Europea, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Las tres trabajan en ambos países y las tres, posiblemente, estarían dispuestas a participar en una experiencia como esta que, con el transcurso del tiempo, podría ser un modelo para aplicar en otras zonas del mundo. También habrá que implicar a los municipios haitianos y dominicanos de la franja señalada como área privilegiada de inversión. Una gran parte de ellos cuenta con tierras, muchas veces baldías, que pueden ceder a las empresas a cambio de determinadas condiciones.
En la franja fronteriza, del lado haitiano, existe ya un municipio, Ouanaminthe, que es un ejemplo para el resto de Haití. En esta población, que cuando era dominicana se llamaba Juana Méndez, hay una serie de empresas textiles trabajando y, por supuesto, creando empleos. El paro, en esa parte del país, es casi inexistente y visitando Ounaminthe cualquiera se da cuenta de que no es una ciudad como las del resto de Haití. En ella se perciben pequeños negocios como bares, restaurantes, peluquerías, ferreterías y mini supermercados, que, en otras ciudades de Haití, tomadas por la economía informal, no se ven.

La lección de todo esto es que solo la inversión puede ayudar a un país a desarrollarse. La ayuda internacional no sirve, como tampoco la donación de fondos. Ningún país ha salido de la pobreza merced a la cooperación sin contrapartidas. Claro que, para ello, con un país con las condiciones de pobreza que sufre Haití, hay que ser imaginativo, como decíamos más arriba. Y, además, hay que ponerse a trabajar rápidamente. Para esos fines, hacen falta políticos con altura de miras, visión de futuro y desprovistos de prejuicios nacionalistas que, en este caso, no conducen a nada. El riesgo para Haití es el empeoramiento progresivo de su ya dramática situación económica y social y para la República Dominicana entrar en una dinámica política que lleve a sus electores a optar por posiciones partidarias que propongan soluciones extremas.

El tiempo se echa encima y ya vemos, a través de los medios de comunicación, que en el mundo son cada vez más numerosas las posiciones políticas ultranacionalistas o xenófobas. En unas elecciones, estas posiciones pueden fácilmente convertirse en votos, como vemos que está ocurriendo en Europa. De una buena gestión del problema de la inmigración y, sobre todo, de tratar de encontrar soluciones en los países generadores de inmigración, dependerá la supervivencia de los partidos más centrados en los países democráticos afectados.

Hay que reconocer que la República Dominicana por sí sola no tiene la capacidad suficiente para enfrentar situaciones tan complejas y descomunales, al contrario, de lo que parecen exigirle algunos destacados creadores de opinión desde países desarrollados. Pero tampoco se puede, desde la capital primada de América, seguir ignorando el gravísimo problema existente. De igual modo, no podemos desconocer que hay una frontera y que al otro lado hay un país que padece una situación cercana a la desesperación y con gran potencial de afectar a su vecino oriental. Por ello, entre no tener capacidad para solucionar dicha situación e ignorarla, hay una gran distancia. La sociedad dominicana se tiene que implicar en su conjunto en la búsqueda de salidas y hacerlo en combinación con sus vecinos haitianos.

Las dificultades políticas y económicas, así como su incontrovertible realidad histórica, hacen de Haití un país desestructurado y débil, incapaz de ofrecer a su población las necesarias oportunidades para prosperar.