La migración irregular en la República Dominicana siempre ha sido un tema polémico, difícil y complejo, que muchas veces, al abordarlo con la pasión y las emociones naturales que produce, nos lleva a conclusiones que, en ocasiones, no son las más justas, ponderadas, equilibradas y sensatas, ante un tema que produce tantos debates entre los dominicanos.

De ahí lo importante que son los lineamientos para una correcta política migratoria hasta 2030, planteadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), que en su artículo 11 señala lo siguiente: ¨Derechos Humanos.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de vulneración de derechos, de discriminación o exclusión de grupos vulnerables de la población y adoptar acciones que contribuyan a la equidad y cohesión social”.

Así, las acciones desarrolladas a través del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros han tenido como premisa esas definiciones que señalan la política a seguir, con relación a la migración irregular en la República Dominicana, además de que el mismo ha sido un gran aporte al respeto de los derechos humanos de los migrantes y al desarrollo de la política migratoria nacional.

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que daba un plazo de 90 días a las autoridades para implementar un plan nacional de regularización, se convocó al Consejo Nacional de Migración para poner en práctica lo solicitado por el alto tribunal, lo que ya estaba plasmado en la Ley General de Migración No. 285-04, en su artículo 151, que señala: “El gobierno dominicano preparará un Plan Nacional de Regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país”.

Agregando que para tal propósito dicho Plan deberá contemplar, al menos, los siguientes criterios: tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculos con la sociedad, condiciones laborales y socioeconómicas, regularización de dichas personas de manera individual o por familia no en forma masiva. Asimismo, deberá establecer un registro de estos extranjeros, los procedimientos de implementación del plan y las condiciones de apoyo institucional y logística.

De ahí surgió el Decreto 327-13, que instituye el Plan de Regularización y que encargó de su ejecució al Ministerio de Interior y Policía. Es a partir de ese momento que se inicia su implementación de manera práctica, el cual se dedicó a preparar, en un periodo de seis meses, toda la metodología y la logística necesarias para hacerlo una realidad.

En ese periodo se preparó la logística y se iniciaron contactos con la sociedad civil, los organismos internacionales, el cuerpo diplomático y las áreas del Estado que estarían involucradas en el desarrollo del plan. A ellos se les explicó en qué consiste y se escucharon sugerencias e ideas, muchas de las cuales fueron acogidas y contribuyeron a una mejor aplicación del mismo.

El Ministerio de Interior y Policía preparó la estructura operativa que dirigiría el plan, dirigida por la unidad ejecutiva, seguida por la unidad técnica, unidad de análisis, cuerpo de supervisores regionales, provinciales y personal de las oficinas del plan, con su correspondiente división de trabajos.
El plan comenzó el 2 de junio de 2014 en 13 provincias, que fueron las siguientes: San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor y Monte Plata, en la región Este; San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y San Juan de la Maguana, en la región sur; Santiago y San Francisco de Macorís, en la región Norte y en el Distrito Nacional.

Los requisitos para acceder al mismo fueron bien flexibles, empezando porque el plan fue absolutamente gratuito, el primer documento que debían presentar los extranjeros es un documento de identificación personal, que podía ser un pasaporte, un acta de nacimiento, o cualquier otro de su país de origen. Con solo uno de estos tres documentos se podría demostrar la identificación del migrante.

Luego se debían presentar dos documentos, al menos de cada uno de los tres ejes que solicita el Decreto 327-13, que son: tiempo de radicación en el país, que debía ser antes de octubre de 2011, vínculos con la sociedad y condiciones laborales y económicas, esto para cuando la solicitud sea individual, hay un cuarto eje que es para la regularización por núcleo familiar.

Es la primera vez que se produce en la República Dominicana un plan de regularización de las dimensiones del actual.