El Plan Nacional de Regularización: éxitos y desafíos

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El Plan Nacional de Regularización: éxitos y desafíos

La migración irregular en la República Dominicana siempre ha sido un tema polémico, difícil y complejo, que muchas veces, al abordarlo con la pasión y las emociones naturales que produce, nos lleva a conclusiones que, en ocasiones, no son las más justas, ponderadas, equilibradas y sensatas, ante un tema que produce tantos debates entre los dominicanos.

De ahí lo importante que son los lineamientos para una correcta política migratoria hasta 2030, planteadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), que en su artículo 11 señala lo siguiente: ¨Derechos Humanos.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de vulneración de derechos, de discriminación o exclusión de grupos vulnerables de la población y adoptar acciones que contribuyan a la equidad y cohesión social”.

Así, las acciones desarrolladas a través del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros han tenido como premisa esas definiciones que señalan la política a seguir, con relación a la migración irregular en la República Dominicana, además de que el mismo ha sido un gran aporte al respeto de los derechos humanos de los migrantes y al desarrollo de la política migratoria nacional.

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que daba un plazo de 90 días a las autoridades para implementar un plan nacional de regularización, se convocó al Consejo Nacional de Migración para poner en práctica lo solicitado por el alto tribunal, lo que ya estaba plasmado en la Ley General de Migración No. 285-04, en su artículo 151, que señala: “El gobierno dominicano preparará un Plan Nacional de Regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país”.

Agregando que para tal propósito dicho Plan deberá contemplar, al menos, los siguientes criterios: tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculos con la sociedad, condiciones laborales y socioeconómicas, regularización de dichas personas de manera individual o por familia no en forma masiva. Asimismo, deberá establecer un registro de estos extranjeros, los procedimientos de implementación del plan y las condiciones de apoyo institucional y logística.

De ahí surgió el Decreto 327-13, que instituye el Plan de Regularización y que encargó de su ejecució al Ministerio de Interior y Policía. Es a partir de ese momento que se inicia su implementación de manera práctica, el cual se dedicó a preparar, en un periodo de seis meses, toda la metodología y la logística necesarias para hacerlo una realidad.

En ese periodo se preparó la logística y se iniciaron contactos con la sociedad civil, los organismos internacionales, el cuerpo diplomático y las áreas del Estado que estarían involucradas en el desarrollo del plan. A ellos se les explicó en qué consiste y se escucharon sugerencias e ideas, muchas de las cuales fueron acogidas y contribuyeron a una mejor aplicación del mismo.

El Ministerio de Interior y Policía preparó la estructura operativa que dirigiría el plan, dirigida por la unidad ejecutiva, seguida por la unidad técnica, unidad de análisis, cuerpo de supervisores regionales, provinciales y personal de las oficinas del plan, con su correspondiente división de trabajos.
El plan comenzó el 2 de junio de 2014 en 13 provincias, que fueron las siguientes: San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor y Monte Plata, en la región Este; San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y San Juan de la Maguana, en la región sur; Santiago y San Francisco de Macorís, en la región Norte y en el Distrito Nacional.

 

Los requisitos para acceder al mismo fueron bien flexibles, empezando porque el plan fue absolutamente gratuito, el primer documento que debían presentar los extranjeros es un documento de identificación personal, que podía ser un pasaporte, un acta de nacimiento, o cualquier otro de su país de origen. Con solo uno de estos tres documentos se podría demostrar la identificación del migrante.

Luego se debían presentar dos documentos, al menos de cada uno de los tres ejes que solicita el Decreto 327-13, que son: tiempo de radicación en el país, que debía ser antes de octubre de 2011, vínculos con la sociedad y condiciones laborales y económicas, esto para cuando la solicitud sea individual, hay un cuarto eje que es para la regularización por núcleo familiar.

   

A los seis meses ya el plan operaba en 24 oficinas en todo el territorio nacional y más de 125,000 extranjeros ya se habían registrado a esa fecha, más adelante se extendió a todas las provincias del país, pasando a operar 34 oficinas, una en cada provincia: Dos en La Vega con Constanza y tres en el gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este; además de tres unidades móviles, dos en la provincia Montecristi, en Hatillo Palma y Botoncillo, y una en Banelino, Valverde. Todas registrando las solicitudes a través de los 432 empleados que fueron entrenados y laboraban en todos los centros de recepción de los migrantes.
Conjuntamente con los trabajos del plan, al Ministerio de Interior y Policía le correspondió dirigir los trabajos de la ley especial de naturalización 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
Esta ley tenía dos partes, la A y la B; en la parte A, que era responsabilidad de la Junta Central Electoral, establecía lo siguiente: “Un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas
vigentes para esos fines al momento de la inscripción”.
En su artículo 2 la ley establece que la Junta Central Electoral procederá a regularizar o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal A del artículo anterior.
En la parte B, que era responsabilidad del Ministerio de Interior y Policía, la ley 169-14 estableció lo siguiente: “el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil, en esta parte la ley explica que los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia, una vez hayan transcurrido dos años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de antecedentes penales.
Esta ley 169-14 y su reglamento de aplicación 250- 14, fueron fruto de la aprobación unánime del Congreso Nacional, el cual también aprobó un nuevo plazo a través de la ley 520-14, que estableció lo siguiente, “Se dispone un nuevo y único plazo de 90 días, el cual será computado a partir de la publicación de la presente ley en la Gaceta Oficial, para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular,
que habiendo nacido en el territorio nacional no figuran inscritas en el Registro Civil, puedan solicitar el registro y regularización migratoria contemplados en la ley 169-14 y su reglamento de aplicación”.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros obtuvo resultados sin precedentes, ya que en solo un año registró 288,467 solicitudes, de las cuales 260,248 cumplieron los requisitos mínimos exigidos para obtener un estatus migratorio regular en el país. Estos datos nos dicen que un 90 por ciento de los que aplicaron al Plan obtuvieron un estatus migratorio regular y solo un 10 por ciento quedó como observado al no presentar los requisitos mínimos del decreto 327-13. El total de carnet entregados fue de 230,065, lo que representa el 92% del total.
De esa cantidad, a las 7,834 personas que completaron sus documentos de regularización, les correspondió la categoría migratoria de Residentes, los restantes 252,414 solicitantes les correspondió su documento de regularización con la categoría migratoria de No Residentes. Con relación al género, el PNRE registró 188,119 hombres, lo que representó el 65% del total de solicitudes y 100,348 mujeres, equivalente al 35% restante.
Las 10 provincias que más personas registraron fueron las siguientes: Gran Santo Domingo 70,973; Santiago 23,609; San Cristóbal 20,972; La Altagracia 19,029; Valverde 18,613; La Romana 15,900; San Pedro de Macorís 12,084; Barahona 11,332; Puerto Plata 10,737 y La Vega 9,600, en lo que respeta a las regiones el Norte registro 80,876 solicitudes, el gran Santo Domingo 70,973, el Este 70,290, el Sur 51,797, y la región fronteriza 14,531.
Con relación al país de origen de los migrantes, 282,536 fueron de nacionalidad haitiana, equivalentes al 98% del total. Los restantes son 766 italianos, 666 estadounidenses, 439 venezolanos, 383 cubanos, 378 españoles, 343 colombianos, 325 canadienses y 300 franceses; en total, 116 diferentes nacionalidades que se acogieron al PNRE.
En cuanto a la letra B de ley 169-14, se registraron en los 2 plazos establecidos por la ley 8,768 personas, de los cuales 4,406 son hombres, equivalentes a un 50.2% y 4,362 mujeres, para un 49.7%, de los cuales 6,571 cumplieron los requisitos establecidos, por lo que les corresponde
un estatus de residente permanente y al cabo de 2 años le corresponde, si lo desean, la nacionalidad dominicana, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Naturalización.
Las provincias que más solicitudes recibieron fueron el Gran Santo Domingo, con 1,734, Puerto Plata 1,031, Barahona 1,022, San Pedro de Macorís 923, La Altagracia 691, Valverde 513, en total se recibieron solicitudes en 20 provincias y el Distrito Nacional. La región que más solicitudes recibió fue la región Este, con 3,338, equivalente al 38%, le siguen la región Norte, con 1,924, igual a un 22%; el Gran Santo Domingo, con 1,734, a un 20%, Región Sur 1,720, igual a un 20%, y la zona fronteriza 52, equivalentes a un 0.6%.
Como se ve, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros tiene muchas virtudes y se nota exitoso y positivo para cientos de miles de migrantes, que se han beneficiado de un estatus migratorio regular.
Es la primera vez que se produce en la República Dominicana un plan de regularización de las dimensiones del actual, que ha logrado unir voluntades de las autoridades, de la sociedad civil con la Mesa Para las Migraciones (MENAMIRD) y los organismos internacionales encabezados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en una sola dirección, que es lograr a través del plan que los extranjeros en situación irregular obtengan un estatus regular.
La política migratoria implementada por las actuales autoridades ha sido altamente exitosa, no importa que algunas voces nacionales e internacionales planteen lo contrario, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, establecido mediante el decreto 327-13 y la ley especial de Naturalización 169-14, han beneficiado a cientos de miles de extranjeros en situación irregular, Por esto los hechos valen más que todas las palabras, el éxito de esta política está ahí, miles de trabajadores bananeros, de la industria azucarera, de la industria de la construcción, de pensionados, estudiantes, domésticas, trabajadores de diferentes oficios, extranjeros de más de 100 nacionalidades, se han favorecido con esta política migratoria.
Son ellos los mayores testigos de lo positiva que es la política migratoria de la República Dominicana, son ellos los beneficiarios directos de la misma y son ellos los que le dicen al mundo, que aquí hay justicia, que hay respeto, que no hay discriminación y que los dominicanos, haciendo honor a nuestra historia, sí somos solidarios y sí reconocemos los valores del ser humano. Nadie nos puede dar lecciones de esto y mucho menos trazarnos pautas, avanzamos con la consciencia tranquila y la frente en alto, convencidos de que estamos haciendo lo que verdaderamente le conviene a un correcto ordenamiento de la migración en la República Dominicana.
Para los detractores nacionales e internacionales de la política migratoria nacional, pesan más los pocos aspectos negativos, que la gran mayoría de aspectos positivos de la misma, la mezquindad y la politiquería están a la orden del día, no se reconoce nada todo es negativo, no importan las extrañas coincidencias, los une un solo propósito descalificar una política migratoria, que ha favorecido a cientos de miles de extranjeros en un solo año, algo sin precedentes en toda nuestra América.

Es la primera vez que se produce en la República Dominicana un plan de regularización de las dimensiones del actual.

Cuánta razón tenía y tiene Juan Bosch cuando señalaba que, “Sólo quien reconoce la grandeza ajena puede ser grande, y que los que discuten la gloria de otros carecen del derecho a disfrutar la propia”.

Lamentablemente, en el país se oyen algunas voces que quieren desconocer los logros del plan y buscan demostrar sin éxito que el mismo ha fracasado, el trabajo se ha realizado con transparencia, eficiencia y responsabilidad, los resultados están ahí, a la vista de todos, miles de extranjeros se beneficiaron del PNRE y de la política migratoria del país y esto en solo un año, algo sin precedentes en toda nuestra América y que demuestra que la República Dominicana está decidida a ordenar su migración, lo cual es la mejor forma de respetar los derechos humanos de los migrantes.

A veces la confusión y la falta de información pueden llevar a falsas conclusiones, que nublan el pensamiento y que no permiten ver la realidad, de que miles de extranjeros que estaban en el país de manera irregular y por tanto estaban expuestos a que sus derechos no fueran respetados, han pasado ahora a obtener un estatus regular, lo que hará que tengan acceso a los beneficios de su regularización, en la que la seguridad social es uno de ellos.
La política migratoria nacional es fruto de un gran esfuerzo de la República Dominicana, claro como todo en la vida no es perfecta, pero si ha sido y será positiva para el país y para los extranjeros en situación irregular, las actuales autoridades con responsabilidad han decidido enfrentar el tema de la migración irregular y organizar la migración en la República Dominicana y esto se está logrando , no importan los obstáculos, el país ha tomado una decisión que seguirá afianzando los éxitos que innegablemente se han logrado, hasta la fecha.

La política migratoria del país, sensata, comedida y firme está llamada a tener un gran éxito y el desarrollo del plan nacional de regularización de extranjeros ha contribuido de manera clara a que esta política migratoria impulsada por las autoridades nacionales, sirva para afianzar los intereses del país y para que el país avance hacia una migración segura, ordenada y regular, que verdaderamente contribuya con el desarrollo.

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