El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico aún no se firma después de alrededor de tres años de discusión y a meses de haberse
concluido. El obstáculo que ha impedido concretar este acuerdo ha sido, ante todo, un imperativo ético que ha frisado las voluntades de una parte importante de los actores que participaron en este esfuerzo de consenso ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 2030, No. 01-12.

Este imperativo ético que se ha interpuesto en el camino de este Pacto posee dos anclajes, cual de los dos más difíciles de superar o de ignorar. Uno de ellos es el relacionado con el costo de la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina que, en opinión de reconocidos expertos, está muy por encima de plantas de este tipo construidas en otros lugares del mundo y con respecto a las otras ofertas que participaron en la licitación de esta obra.

El otro anclaje de este imperativo ético es el combustible seleccionado para estas plantas, que es el carbón mineral. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dispuso que se efectuara este Pacto para descarbonizar la generación de electricidad y la economía nacional, así como reducir la importación de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero provocado por estos.

Si existe algo más contrario a los objetivos dispuestos por esta ley aprobada a penas en el año 2012, es construir plantas de carbón. ¿Cómo entonces aprobar o ignorar la existencia de estas plantas en este acuerdo? Este dilema entre el uso del carbón y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto para obtener sus expresos objetivos, se reforzó aún más con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, asumido por el Estado dominicano a través de la firma del presidente dominicano, Danilo Medina Sánchez, quien participó en esta cumbre mundial sobre el clima celebrada en noviembre de 2015, en París, Francia.

República Dominicana contrajo el compromiso-país de este acuerdo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente del dióxido de carbono, en un 25% para el año 2030. Los gases de efecto invernadero, en primer lugar el dióxido de carbono, son la causa del calentamiento global y del cambio climático que amenaza especialmente a países como República Dominicana, pequeños estados insulares colocados en el trópico.

Abordar esta contradicción entre cumplir con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono del país, y el empleo de carbón para generar electricidad, es el propósito fundamental de este análisis. Esta contradicción va más allá de disquisiciones técnicas para convertirse en una flagrante violación a la ley y a un acuerdo internacional, con plena conciencia y de forma deliberada. Esta postura, además de ser equivocada, es un comportamiento contrario a la ética.

va más allá de disquisiciones técnicas para convertirse en una flagrante violación a la ley y a un acuerdo internacional, con plena conciencia y de forma deliberada. Esta postura, además de ser equivocada, es un comportamiento contrario a la ética.

Para generar más electricidad a bajos costos no es necesario el uso del carbón

El proyecto termoeléctrico de Punta Catalina en base a carbón mineral pulverizado, de tecnología subcrítica, con una generación bruta de 720 megavatios, fue presentado por las autoridades del Gobierno dominicano y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) como la solución al grave y crónico déficit eléctrico del país a un precio muy bajo, a causa principalmente del uso de este combustible fósil.
Al margen del costo de la construcción de estas plantas sobrevaluadas en alrededor de mil millones de dólares y con un sobrecosto adicional del contratado por 708 millones de dólares, no es la solución disponible más barata, aún cuando se mantuviera el costo establecido en el contrato de US$1,945 millones.

Coincidiendo con el inicio del Pacto Eléctrico, el Worldwatch Institute de Washington, D.C,, con la colaboración del Ministerio de Recursos Naturales de Alemania, publicó una investigación titulada “Aprovechamiento de los Recursos de Energía Sostenible en República Dominicana. Hoja de Ruta para un Sistema de Energía Sostenible”, de julio de 2015.

En este estudio se analizan los diferentes escenarios y sus costos para resolver el déficit eléctrico del país y planificar la expansión de la oferta eléctrica hasta el 2030. Las energías de fuentes renovables, especialmente la solar y la eólica, es el mejor escenario para República Dominicana, tanto por sus bajos costos, por el ahorro en la factura petrolera, por la mayor cantidad de empleos generados, como por la drástica reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

Según este estudio, en un escenario en que República Dominicana genere el 85% de la electricidad a partir de fuentes renovables, diminuiría el costo promedio de la electricidad en un 40% para el 2030, en comparación con el año 2010 se crearían 12,500 nuevos puestos de trabajo, se reduciría la emisión de CO2 del sector eléctrico de 20.6 millones de toneladas en el año 2011 a solo 3 millones de toneladas al año y el país ahorraría 25 mil millones de dólares para el 2030.

Por el contrario, el peor escenario es el que incluye las plantas de carbón de Punta Catalina, tanto por costos como por el altísimo incremento de emisiones de dióxido de carbono, además de la gran contaminación que producirá en su entorno. Los costos de la contaminación local del carbón por sí solos incrementan los costos de la energía a carbón alrededor de un 170%.

El Worldwatch Institute asegura que “una vez que estas estimaciones se suman al análisis de los costos normalizados de la energía (CNGE) tradicionales, la energía a carbón se vuelve la tecnología más cara para el país. Una vez que los costos de la contaminación local y del cambio climático son contabilizados, la generación de 1 kWh de energía eólica es menor que una séptima parte del costo de generación de las plantas de carbón y alrededor de una sexta parte de las plantas de ciclo combinado con generadores dísel y a petróleo. La energía solar fotovoltaica es sustancialmente menos costosa que toda la energía convencional aparte del gas natural. Es alrededor de la mitad del precio de la generación de energía de ciclo combinado de petróleo y más de 25 centavos de dólar estadounidense por debajo de la generación de energía a carbón”. Esta cita es de julio de 2015. Actualmente los precios de la electricidad eólica y la solar son aún mucho más baratas, especialmente de la última.

Este estudio advierte que la entrada en operaciones de Punta Catalina a carbón, generando casi la mitad de la electricidad del país, será un gran obstáculo para la incorporación de la electricidad de fuentes renovables. Por la lentitud del encendido y del apagado del carbón, no se presta para conjugarse con la variabilidad o intermitencia de las energías renovables, lo que no ocurriría con el gas natural, que es de rápido encendido y apagado.
Worldwastch Institute pronostica que por culpa de las plantas de carbón de Punta Catalina las energías de fuentes renovables tardarán 35 años en incorporarse masivamente en el país, lo que retrasará durante este tiempo el acceso al desarrollo sostenible.

Aunque este estudio se realizó por encargo del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana, jamás fue presentado ni mencionado por las autoridades en los debates del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.

Punta Catalina incrementará las emisiones de dióxido de carbono en más de un 20%

El carbón de las plantas de Punta Catalina y en menor medida los demás fósiles que utilizan los generadores eléctricos en el país, fueron los responsables de que en el Pacto Eléctrico se rechazara la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como el indicador clave para guiar la expansión del sistema eléctrico dominicano.

Las plantas de carbón de Punta Catalina generarán al año 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que representa un incremento de más de un 20% de las emisiones totales del país por ellas solas

Cuando se expuso en el cónclave que este indicador debería ser el criterio más importante para la admisión de nuevas plantas generadoras, los representantes del Gobierno dominicano y de los generadores tradicionales del país se opusieron tajantemente, a pesar de que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo así lo establece.

Igualmente el carbón y los intereses estrechamente relacionados con los fósiles de los mayores generadores, también cargan con la culpa de que el Pacto Eléctrico apenas aspira y habla de diversificar las fuentes energéticas, o sea, de que además de los derivados de petróleo, la matriz eléctrica tendría una mayor participación del carbón y del gas natural, cuando su principal objetivo era organizar la transición de un sistema de combustibles
fósiles a uno basado en fuentes renovables como el viento, el sol y la biomasa, con un considerable ahorro en la importación de estos combustibles fósiles.

El objetivo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo al apostar por las energías renovables, además de reducir las emisiones de CO2, “descarbonizar la economía” en sus propias palabras es obtener un mayor margen de seguridad y de autonomía energética ante los precios de los fósiles importados muy fluctuantes en el mercado internacional.

La verdad es que las plantas de Punta Catalina a carbón hacen imposible que antes de 35 años el país pueda contar con un sistema eléctrico bajo de emisiones de dióxido de carbono. No importan las combinaciones que se hagan con producción en base a carbón mineral, gas natural, petróleo y energías renovables (estas últimas en un papel muy secundario), cosmético, no será posible lograr una drástica reducción de las emisiones
de dióxido de carbono, que es la principal causa del cambio climático.

Las plantas de carbón de Punta Catalina generarán al año 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que representa un incremento de más de un 20% de las emisiones totales del país por ellas solas. Lo que quiere decir que cuando comiencen a operar estas plantas se evaporará la posibilidad de cumplir el compromiso de reducir las emisiones totales del país en un 25% para el año 2030.

Se ha argüido desde algunos sectores oficiales que la conversión de plantas existentes o la entrada de nuevas a gas natural y de instalaciones eólicas y solares compensarán la gran emisión que emitirán las plantas de carbón de Punta Catalina.

Este razonamiento lo han comenzado a esgrimir después de afirmar que plantando 1.5 millones de árboles de caoba de rápido crecimiento en los entornos de Punta Catalina se absorbería la mayor parte de estas emisiones a través de estos sumideros naturales. Para que 6.34 millones de toneladas de carbono al año pudieran ser absorbidos se necesitarían 12.68 millones de árboles de caoba, porque cada millón de árboles está en capacidad de absolver medio millón de toneladas de CO2 al año.

En caso de que hubiese la voluntad y los recursos para disponer una plantación de estas dimensiones, no existe suficiente terreno disponible y apto en las inmediaciones de las plantas de carbón de Punta Catalina, y también habría que esperar durante años que estos árboles crezcan.

Frente a esta clara aberración, estos sectores han preferido aferrarse al gas natural como la principal fuente de generación de electricidad después del carbón, cuando hasta hace poco habían justificado el uso de este combustible en las plantas de Punta Catalina en la supuesta inexistencia o escasez del gas natural.

Efectivamente, si las plantas de Punta Catalina operaran con gas natural, la emisión de dióxido de carbono se reduciría a la mitad, desaparecería casi por completo la contaminación que produciría el carbón y esta generación de electricidad no sería un obstáculo para la entrada masiva de fuentes renovables, como sí ocurriría en cambio con el carbón.

Es absolutamente factible la conversión a gas natural de Punta Catalina desde el punto de vista económico y técnico, tanto o más que en el caso de las demás plantas que se están convirtiendo a este combustible, por el hecho de que aún no ha concluido la construcción de estas plantas.

Según un estudio realizado en el año 2016 por la prestigiosa Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), el requerimiento de gas natural de las plantas de Punta Catalina no alcanza ni el 4% de la capacidad total de descarga anual de las instalaciones de AES en Andrés, Boca Chica.

Este dato es un desmentido a la leyenda de que Punta Catalina tenía que ser necesariamente a carbón porque el país carecía de acceso a gas natural. Este desmentido se acrecenta cada día más por la conversión de plantas que se abastecerán de gas natural desde Andrés, Boca Chica. El último caso es la planta de ciclo combinado Quisqueya I, de 215 megavatios, que suministra electricidad a la mina de Pueblo Viejo, que explota Barrick Gold, en Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez. AES le suministrará gas natural durante 10 años.

Si por el contrario, se mantiene a Punta Catalina a carbón, aún cuando se utilice el gas natural para otras plantas importantes nuevas o existentes, y se introduzca un porcentaje de fuentes renovables, no se podrá neutralizar la gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono de Punta Catalina. El estudio de Worldwastch Institute, de julio de 2015, plantea que aún en un escenario en que la energía renovable aporte el 50% de la demanda que no es ni remotamente el escenario actual, si están operando las plantas de carbón de Punta Catalina, no se reducirían las emisiones de dióxido de carbono de manera significativa.

República Dominicana se comprometió a reducir las emisiones de CO2 de un nivel básico de 3.6 toneladas por persona en el 2010, a 2.7 toneladas de dióxido de carbono Per Cápita para el 2030. Esto sería imposible al aumentar Punta Catalina las emisiones Per cápita en alrededor de media tonelada que se debe sumar a las 3.6 toneladas que actualmente se emiten por persona.

Para alcanzar en el año 2030 una emisión de 2.7 toneladas de CO2 per cápita, cuando tendremos una población de 13.5 millones en ese año, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), sería necesario reducir 1.4 toneladas per cápita (la diferencia entre 4.1 toneladas per cápita de CO2 que resultan del aumento de 0.5 tonelada per cápita de Punta Catalina, menos 2.7 toneladas per cápita de CO2 que se desea llegar), lo que quiere
decir que República Dominicana tendría que reducir anualmente 18.9 millones de toneladas de dióxido de carbono (13.5 millones de habitantes por 1.4 toneladas de CO2 por persona).

La única forma de alcanzar la reducción de 2.7 toneladas de CO2 por persona es evitando las emisiones que generará Punta Catalina a carbón, de manera total abandonando su construcción o de forma parcial a través de su conversión a gas natural. De lo contrario, no aparece verosímil alcanzar esta meta.

Aquí volvemos de nuevo a la ética. Aunque las autoridades dominicanas son conscientes de esta imposibilidad de cumplir la meta de reducir las emisiones totales de dióxido de carbono del país en un 25% para el año 2030, si Punta Catalina operara con carbón, han decidido aún así mantener en producción a las dos plantas de ITABO y a Barahona Carbón, cuyo combustible es el carbón, lo que llevará la electricidad generada por este combustible a más de la mitad del total servida cuando se sumen las dos plantas de Punta Catalina.

En noviembre del año pasado la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) contrató a las ITABO y a Barahona Carbón como resultado de la primera licitación realizada por la entidad estatal para adquirir electricidad, después que concluyera el Acuerdo de Madrid. Esta licitación, al igual que las posteriores, excluyó a las fuentes renovables y se abrió exclusivamente para las plantas de combustibles fósiles.
Punta Catalina aportará al sistema alrededor del 40% del total de la electricidad que, sumado al 12% de las ITABO y Barahona Carbón, transformará el carbón en la fuente de la generación del 52% de la electricidad del país, mientras se mantiene el discurso de la salida de servicio de las plantas menos eficientes y más contaminantes, de una mayor incorporación del gas natural y del cuento del bosque de caobas.

¿Quién pagará los daños que cause Punta Catalina?

Los daños que causará la quema del carbón por las plantas de Punta Catalina y quién pagará esos daños, no es solo una cuestión técnica y económica, es ante todo un asunto de derecho, y por tanto ético.

Una prueba fehaciente de que estas plantas harán daño a su entorno es la cláusula 6.2.7 del contrato de Enfiteusis, de arrendamiento No.108/15, del 21 de agosto de 2015, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A. (CAEI), propiedad de la familia Vicini, por medio del cual esta última empresa cede al Gobierno los terrenos donde se construyen estas plantas de carbón.

En esta cláusula se dispone a favor de los propietarios de los terrenos una indemnización de US$36,375.00 por hectárea por daños causados al cultivo de caña de azúcar orgánica por efecto de los residuos de esta termoeléctrica, a ser pagados en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la fecha en que ocurriese el daño.

Textualmente dice lo siguiente: “No obstante, si como consecuencia de un deficiente tratamiento de dichos residuos, se produjera un daño en los cultivos de caña de azúcar orgánica titularidad de LA PROPIETARIA ubicados en las Colonias Catalina y Pizarrete dentro de un radio de cinco (5) kilómetros medido desde el límite de los Polígonos A y B LA ENFITEUTA se obliga a indemnizar a LA PROPIETARIA por los daños causados en los mismos con un monto de Treinta y Seis Mil Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$36,375.00), por hectárea. Dicha penalidad será pagadera en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que ocurriese el daño”.

Esta cláusula de un contrato suscrito por las autoridades derrumba el mito que ellas mismas han querido fabricar de plantas de carbón sin contaminación supuestamente inscrita en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. Punta Catalina, al igual que cualquier otra planta de carbón en el mundo, causará la contaminación inherente y exclusiva de la quema del carbón mineral.

En este punto habría que abrir un paréntesis antes de proseguir sobre la contaminación del carbón. Esta indemnización sobre posibles daños está amarrada a un aspecto previo y probablemente igual o más relevante, que es el hecho insólito y único en nuestra historia de que una inversión pública tan elevada de alrededor de dos mil millones de dólares o tal vez más, se esté construyendo en una propiedad privada, sin que se haya procedido a la declaración de utilidad pública. ¿En este comportamiento de las autoridades tan “sui generis” no estará implicada una cuestión reñida con la ética, al favorecer a los propietarios de estos terrenos?

La contaminación de la combustión del carbón es por tres vías: a través de emisiones de gases ácidos a la atmósfera adicionales al dióxido de carbono, las micropartículas 2.5 primarias y secundarias, y las cenizas y escorias de carbón.

Punta Catalina tendrá otros impactos importantes sobre la vida marina y sobre la costa aledaña.

Punta Catalina arrojará a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que serán responsables del smog y de las lluvias ácidas, alrededor de cien toneladas de micropartículas 2.5 por año que portan metales pesados, las cuales se forman directamente por la combustión del carbón mineral o por los gases emitidos por esta después de salir de la chimenea, y producirá anualmente alrededor de 174,140
toneladas de cenizas y 14,115 toneladas de escorias que contienen químicos altamente tóxicos y un nivel de radioactividad por encima del normal.

Otro testimonio de que esta contaminación se producirá y que será muy dañina, no solo para la caña orgánica de los Vicini, sino para los demás cultivos y para la salud de más de cien mil personas que residen en la zona de impacto de Punta Catalina, es el escándalo de las cenizas de carbón solidificadas, conocidas como rockasch, ilegalmente importadas en el año 2004, desde Puerto Rico y depositadas en Arroyo Barril, Samaná,
y en Manzanillo, Montecristi.

A causa de la importación ilegal de estas cenizas de carbón mineral, un funcionario fue condenado a prisión y el Estado dominicano recibió 6 millones de dólares en el 2007 de la empresa AES, dueña de este material. En abril del 2016 el gobierno dominicano pagó US$37 millones a unas 40 personas de Arroyo Barril, como compensación de los graves daños que sufrieran en su salud por la contaminación de estas cenizas.

El Gobierno hizo este pago porque en el acuerdo mediante el cual recibió los 6 millones de dólares de AES se comprometió a asumir cualquier otra demanda que en el futuro surgiera a causa de estas cenizas. El pago se mantuvo en absoluto secreto en República Dominicana, a pesar de que se efectuó por un arreglo ante la Corte de Delaware, EUA.

La contaminación de Punta Catalina es una violación al derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente limpio de las cien mil personas que serán impactadas por esta termoeléctrica. Riñe contra la ética que las autoridades no eviten esta amenaza y de no poderlo hacer por cualquier razón, no avisen al público de forma oportuna sobre estos daños, aumentando la situación de indefensión de la población ante este peligro.

Pero también es una gran injusticia, que sufriendo un daño que lesionará gravemente la salud y producirá un alto porcentaje de muertes prematuras, especialmente en la infancia y en la población envejeciente, el responsable no sea obligado a pagar una indemnización por este, al igual de como lo dispone el contrato de arrendamiento del terreno donde se construye Punta Catalina, para el caso de que fuese afectada la caña de
azúcar orgánica de la familia Vicini.

Las micropartículas 2.5 son especialmente peligrosas, porque al ser inhaladas provocan enfermedades respiratorias, cáncer pulmonar e infartos cardiovasculares y cerebrales. También estas micropartículas afectarán los frutales y otras plantaciones como la caña de azúcar, en las cuales se concentrarán, deteriorando su calidad e invalidando su certificación orgánica, que en el caso del mango es una fuente importante de ingresos
para los agricultores de la zona.

Las cenizas pueden propagarse a grandes distancias arrastradas por el viento siendo inhaladas, al igual que las partículas 2.5, con efectos semejantes a estas. Como son solubles en agua, contaminarán las fuentes superficiales como las subterráneas, transmitiendo las sustancias tóxicas que contiene a los animales y personas que consuman esta agua y a los cultivos irrigados con ella.

Las cenizas de carbón mineral contienen trióxido de azufre, mercurio, plomo, arsénico, zinc, calcio, vanadio, níquel, alumina, óxido de titanio, anhídrido fosfórico, entre otras sustancias tóxicas. Según el estudio realizado por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), sobre las plantas de Punta Catalina, solo las micropartículas 2.5 podrán producir gastos de salud entre 14 y 31 millones de dólares al año.

La investigación llega a esa conclusión aplicando el cálculo efectuado en enero de 2013 por la Agencia Medio Ambiental de EUA (Epa), de que en promedio cada tonelada de PM2.5, producida por una unidad de generación de electricidad, genera gastos a la salud con un costo entre US$140,000 y US$310,000 en daños a la salud a una tasa de descuento de un 3%.

Como las plantas de carbón de Punta Catalina, aún suponiendo que utilicen filtros húmedos de máxima retención, lo que no está previsto en su diseño, generarán cien toneladas anuales de PM2.5 que multiplicadas por los costos en salud de cada tonelada según la EPA, salda
con los resultados antes indicados para enfrentar cada año los daños causados por las micropartículas 2.5 en la población.

Punta Catalina tendrá otros impactos importantes sobre la vida marina y sobre la costa aledaña. La toma de agua del mar para enfriar el sistema matará una indeterminada cantidad de microorganismos marinos que no se podrán filtrar, y cuando esa agua retorne al mar aumentarán su temperatura en 3.1 grados centígrados, o sea, en 0.1 grado centígrado por encima del máximo de los estándares permitidos, alterando la flora
y la fauna marina cercana a la costa, principalmente los corales.

También las trazas de carbón mineral que caigan al mar en las operaciones de descarga en el puerto serán llevadas por las corrientes marinas a las playas situadas más adelante, en dirección oeste, arruinando las posibilidades del desarrollo turístico de la región, como el prometedor proyecto de
Los Corvanitos, recién inaugurado. La ubicación de las plantas de carbón de Punta Catalina es también otra fuente de preocupación. Las reiteradas
inundaciones que ha sufrido la obra por lluvias entre moderas y fuertes hacen prever que el paso de un huracán por las cercanía de la costa Sur del país producirá una catástrofe ecológica de grandes proporciones, arrastrando las aguas el carbón mineral y las cenizas almacenadas en toda la zona, además de inutilizar las dos plantas.

Además, las plantas están montadas sobre una zona sísmicamente activa, con fallas tectónicas y regionales activas que atraviesan el área en dirección Noroeste-Sureste con áreas de eventos históricos devastadores, lo que permite establecer que las magnitudes sísmicas esperadas son del orden del terremoto que destruyó a Puerto Príncipe.

Si algún día estas plantas de carbón de Punta Catalina son terminadas de construir y comienzan a operar, será una ocasión luctuosa, porque diferirán
por muchos años el ingreso significativo y masivo de las energías de fuentes renovables al país, harán imposible cumplir la meta de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 25% para el año 2030 y serán una fuente irresoluble de contaminación que dañará la salud y la producción de una de las provincias más productiva de la nación. Pero ante todo, Punta Catalina será un monumento a la actuación contraria a la ética
de los gobernantes, del triunfo del abuso de poder sobre la racionalidad.